El grupo inmobiliario sevillano Contsa se ha visto obligado a presentar suspensión de pagos dejando en el aire los ahorros de 1.200 inversores sevillanos a los que había comprometido hasta un 20% de intereses sobre sus aportaciones. El peculiar origen de la crisis está en que Contsa no ha podido hacer frente al pago de las deudas pendientes con sus inversores, que firmaban por contrato unas condiciones mucho más ventajosas que los productos financieros convencionales; hasta el punto de que algunos solicitaron créditos a bancos para invertir dicho préstamo, garantizándose así un 'negocio redondo'. El presidente del grupo empresarial, José Salas Burzón, se ha apresurado a achacar el desplome a la crisis financiera internacional. Existen, sin embargo, dudas sobre una relación tan directa entre Contsa y la ralentización de la economía, por más que el propio presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Santiago Herrero, se haya apresurado a calificarla como una víctima de la situación financiera y la rigidez de las administraciones. Los inversores entregaban sus fondos -gran parte en dinero B- con el compromiso de unos intereses tan espectaculares como inéditos. Han asumido, por tanto, un riesgo extraordinario que ha dado la cara en cuanto el negocio inmobiliario ha mostrado síntomas de desaceleración y agotamiento. Muchos de ellos son ahora reacios a denunciar por la irregular procedencia de sus fondos. En este caso, adquiere su verdadera dimensión aquello de que nadie da "duros a pesetas", algo que ha venido ocurriendo con las plusvalías del ladrillo mientras se ha mantenido el disparate inmobiliario de los últimos años. El proceso concursal determinará ahora un nuevo escenario. Pero si los propios afectados no denuncian, sólo tienen dos vías: confiar en la palabra de la empresa o reconocer que, a veces, el que se arriesga no gana.
