Mizaru, Kikazaru, Iwazaru. Son los nombres japoneses de los tres monos sabios. Traducidos: "no ver, no oír, no decir". La filosofía budista utilizó esta representación para denunciar la rendición al sistema. Es fácil acudir al símil tras cerrarse la segunda semana de la comisión de investigación sobre el caso ERE en el Parlamento andaluz. Por allí han desfilado quienes desde 2000 a 2010 ostentaron responsabilidades en el Gobierno de Manuel Chaves. Todos, de una manera o de otra, han derivado las responsabilidades a la Consejería de Empleo. Allí estaba el fuego y nadie vio llamas, ni humo ni olió a quemado. Tras horas de explicaciones y exculpaciones, pareciera que el Ejecutivo andaluz funcionó como compartimentos estancos. Cada consejería, un reino. Nadie metía la nariz en la casa del vecino.
La comparecencia más relevante de la semana ha sido la del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez. Sus palabras aportaron luz y marcaron un antes y un después. Ya nadie puede alegar que no hubo avisos suficientes. Se emitieron quince informes alertando de irregularidades y deficiencias graves en un millonario sistema de ayudas que, para empezar, no tenía orden o norma de rango suficiente para regularlo. No era ilegal, pero sí muy débil en el control, dijo Gómez. Un solo aviso, aseguró, debería haber bastado para corregir esas deficiencias. La Dirección General de Trabajo estuvo diez años repartiendo subvenciones "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido". Así rezaba en los informes de la Intervención. El procedimiento utilizado (sacar dinero de la Consejería para que pagara una empresa pública, primero el IFA después IDEA) era "inadecuado" para financiar subvenciones, agregaba el órgano auditor de las cuentas públicas. Y además había un importante desequilibrio presupuestario. Se daban ayudas por encima de los créditos aprobados en el Presupuesto. El agujero en 2003 fue de 38 millones de euros.
Parafraseando el ejemplo puesto por el exinterventor: el vecino llamó a voces por la ventana de la cocina avisando de que salía humo y llamas por el extractor pero nadie llamó a los bomberos. Tampoco el vecino que avisaba, es decir, el interventor, descolgó el teléfono. No emitió un informe de actuación, que habría activado el código rojo, pese a que vio cómo sus avisos caían reiteradamente en saco roto. "No procedía", "no había herramienta legal", "no hubo requerimiento", "la ley dice que no era mi responsabilidad", "no tenía competencias"... Esos son los motivos alegados por el alto funcionario y los distintos exconsejeros afectados. Explicaciones muy legalistas pero con lagunas desde la óptica del sentido común o de la responsabilidad política.
Hacienda, por orden de la entonces viceconsejera Carmen Martínez Aguayo, sí atendió el problema del desequilibrio financiero. Eso fue lo único del informe de la Intervención que habló con su jefe, el entonces consejero de Economía, José Antonio Griñán, según declaró en el Parlamento. El resto, no lo leyó. Se corrigió el agujero presupuestario pero nadie preguntó por qué se estaba generando ni cómo se estaban dando esas ayudas que excedían lo presupuestado. El exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, que heredó el problema en 2004, cuando se hizo responsable de la Agencia IDEA -la entidad pagadora de las ayudas- admite que el sistema no era normal pero "no miró debajo de la alfombra" porque ya había suficientes tensiones y roces dentro del Consejo de Gobierno. Innovación se quedó el 70% de las competencias de Empleo y vació de contenido ese departamento. "Mejor no mirarnos", dijo sobre su relación con el entonces consejero Antonio Fernández, al que le quitaba la cartera. Por eso aceptó que IDEA, bajo su organigrama, siguiera pagando unas ayudas que decidía y adjudicaba íntegramente la Dirección General de Trabajo que ostentaba Francisco Javier Guerrero.
IDEA actuaba como caja pagadora, el sistema le generaba problemas de tesorería, hubo avisos de la Intervención, pero nunca se preguntó qué estaba pasando. No era su responsabilidad. Tampoco la de su sucesor, Martín Soler, ni la del "todopoderoso" consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías. Él, aunque dicen que no se movía un papel sin que lo supiera, era un simple "interruptor", explicó.
La comisión de investigación en el Parlamento andaluz, destinada a depurar responsabilidades políticas, está permitiendo hilvanar un relato de lo que ocurrió con las ayudas de Empleo durante diez años. 1.217 millones de euros, aseguró la Cámara de Cuentas en un informe auditor aún pendiente de cerrarse. 647 millones consignados anualmente en los Presupuestos andaluces, que se elevan a 776 millones añadiendo las ampliaciones presupuestarias aprobadas. El PP lo eleva a 1.500 millones sumando 286 millones que la Junta debe por operaciones de refinanciación de deudas con las aseguradoras. La hipoteca de los ERE dura hasta 2017.
No todo ese dinero se empleó de forma ilegal. Está constatado por la Junta un fraude en aproximadamente un 3,7%. 17 millones de euros, según ha señalado en la comisión el consejero de Economía, Antonio Ávila. Se beneficiaron de ayudas públicas complementarias a sus prejubilaciones un total de 6.473 trabajadores andaluces. De esos expedientes, 241 receptores podrían ser irregulares. Estos serían los llamados intrusos, prejubilados que nunca trabajaron en las empresas liquidadas. Familiares, amigos y afines o militantes del PSOE. Los expedientes oficiales eran correctos. Estos falsos prejubilados se colaban en algún momento desde que el expediente recibía el sello de conformidad de la Inspección de Trabajo y el ERE se convertía en póliza a pagar por una aseguradora. Las compañías de seguros, los intermediarios y los sindicalistas que negociaban los ERE siempre eran los mismos. Había una red perfectamente tejida. Todos se llevaban un bocado del pastel.
Ahora este sistema, tras la investigación policial y la instrucción judicial, ha quedado al descubierto. En aquel momento ¿de qué avisó por escrito la Intervención General de la Junta? Pues de irregularidades, de controversias contables, de un fondo que escapaba a los controles legales y de un modus operandi para el reparto de estas subvenciones que no era adecuado. "Un caso como éste yo no lo he visto nunca", declaró el exinterventor. Nadie siguió la pista ni preguntó a Empleo ni adoptó medidas. Ni siquiera los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, que en la comisión depositaron toda la responsabilidad en Guerrero, el director general del que nadie sospechó a pesar de que actuaba de el rey Baltasar con dinero público.
Este es el caso que ahora pone "la carne de gallina", según dijo Vallejo en la comisión. Se convirtió aparentemente en una estéril pelea entre el alto funcionario, el burócrata (el interventor general de la Junta) y el político (el consejero de Empleo). El sistema creado sacó las ayudas del circuito oficial y eludió todos los controles. El motivo: el drama de miles de trabajadores andaluces no entendía de reparos ni pegas contables, dicen sus responsables. La pregunta es si el fin justifica los medios. O si como dijo en su día el exconsejero andalucista Antonio Ortega es preferible "un par de casos de corrupción al año a una Administración muerta y lenta". O si la paz social valía a cualquier precio.
