martes, 16 julio 2019
13:33
, última actualización
Local

Negar bajas provoca un tercio de las agresiones a médicos

Los facultativos demandan recuperar la consideración de autoridad, penas «ejemplarizantes» y más apoyo de la administración sanitaria.

el 31 ene 2014 / 23:25 h.

TAGS:

Recuperar la consideración social de autoridad, con sus correspondientes implicaciones legales para tipificar sus agresiones como atentado, y una mayor protección por parte de la «empresa» –en este caso el Servicio Andaluz de Salud– a las víctimas al menos a posteriori ante las dificultades de prevenir situaciones que «suelen ocurrir de manera sorpresiva». Son las reivindicaciones que, una y otra vez, se escucharon ayer en el I Foro del Colegio de Médicos de Sevilla contra agresiones a médicos y personal sanitario – patrocinado por el Grupo Morera&Vallejo–, una problemática que el gremio tildó de «preocupante» y «alarmante». Los datos oficiales –193 agresiones a personal sanitario registradas por el SAS el año pasado en Sevilla y 19 denuncias de galenos presentadas al Colegio de Médicos (y en lo que va de 2014 ya se han registrado otras dos)– son solo, dicen, «la punta del iceberg» por el miedo, la vergüenza e incluso la interiorización de que los insultos y amenazas «van en el puesto». Sevilla 31 01 2014: Foro del Colegio de Medicos de Sevilla<br />

FOTO:J.M.PAISANO«El médico se ha convertido en la diana de todo descontento», denunció el director general de Defensa Jurídica del Colegio de Médicos sevillano, José Manuel García Lezcano. Y la situación económica y laboral no solo no ayuda sino que aumenta la conflictictividad, como demuestra que un tercio de los casos se produzcan por discrepancias ante la petición de bajas laborales «incluso en la sede de la inspección», destacó el jefe de los servicios jurídicos del Colegio, Santiago Campo. Las consultas de atención primaria fueron el escenario del 55% de las agresiones denunciadas, en los hospitales se produjo el 33% y en los centros de urgencias un 12%. El foro reunió a facultativos, fiscales, agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y abogados como la letrada del SAS Esperanza Gallego, quien reconoció que esta problemática inicialmente se concentraba « en zonas marginales y núcleos de población en exclusión social» pero «se ha ido extendiendo y traspasando la barrera de la amenaza verbal a la agresión física» hasta el punto de que ya no existe un perfil claro sino que «de cualquier usuario podemos esperar una agresión». En menos de un 10% de los casos, el agresor tenía problemas psiquiátricos o de drogodependencias, sin contar con que uno de cada tres agresores es un familiar o acompañante del paciente. Los servicios jurídicos del SAS iniciaron el año pasado 171 procedimientos por agresiones a personal sanitario en toda Andalucía (la mayoría, 99, por amenazas) y lograron 63 condenas por delitos o faltas. La tipificación de las agresiones como un delito contra la autoridad es la gran demanda de la Organización Médica Colegial (OMC). El objetivo, según subrayó el coordinador nacional del Observatorio contra las agresiones de la OMC creado en 2010, José Alberto Becerra, no es tanto pedir cárcel para todos los casos como que las penas sean «coercitivas», «ejemplarizantes» y que se homogeneicen los criterios en las distintas comunidades. Aumentar la multas en los casos de faltas e imponer indemnizaciones por responsabilidad civil fueron algunas de las las peticiones planteadas entre quejas de que «sale más barato pegar a un médico que el dinero que le quitan de la nómina por estar de baja». Pero también medidas que afecten al paciente en sus derechos, como el cambio de médico o de centro. Becerra destacó el carácter pionero de la ley aprobada en Aragón que considera a todos los médicos autoridad pública y con ello, sus denuncias «gozarán de presunción de veracidad» ya que uno de los problemas que encuentran los facultativos ante las agresiones es que éstas suelen producirse cuando están en la consulta solos con el paciente «y al final es su palabra contra la suya» porque la ley de protección de datos impide instalar cámaras en el interior. El fiscal de la Audiencia Provincial José María Cañal, alertó de las dificultades de extender la consideración de autoridad a los médicos que ejercen en las mutuas y centros concertados y avanzó que sí está en marcha una reforma legal que redefine el concepto de atentado ampliando los supuestos mientras las faltas se relegan a la vía administrativa. Hasta aquí las posibilidades de actuación tras la agresión. Pero en el foro organizado por el Colegio que preside Juan Bautista Alcañiz se abordó también la prevención, un ámbito en el que la coincidencia fue clara: falta educación social. El presidente del Grupo Morera & Vallejo, Antonio Morera, ofreció en este sentido la aportación del ámbito de los seguros al señalar que «no solo podemos dar cobertura a los profesionales sino también formación en el ámbito preventivo y en cómo plantear la defensa jurídica». Morera Vallejo también puso la nueva división de comunicación de su grupo empresarial, integrada por El Correo de Andalucía y El Correo TV, a disposición del colectivo para ayudarle en uno de sus objetivos:sacar a la luz esta problemática abordándola en los medios comunicación porque «se trata de un tema social». De prevención hablaron también el capitán de la Guardia Civil Ernesto Segura y el agente de Policía Alberto López, quienes destacaron los planes específicos puestos en marcha por sus respectivos cuerpos para identificar los riesgos y establecer una coordinación con el sector que agilice la intervención con teléfonos directos y el trabajo conjunto con los servicios de vigilancia de seguridad en los centros que cuentan con ellos. Actualmente en los centros sanitarios andaluces hay 2.211 timbres antipánico, 1.448 interfonos, 1.668 teléfonos directo de seguridad, 575 salidas alternativas, 1.418 videocámaras, 520 vigilantes de seguridad (casi 100 más que en 2012), 56 GPS en ambulancias y 494 mamparas, detectores de metales o sensores de movimientos. "Me tiró el teclado por no sacarle una muela" Lleva casi 30 años como médico rural en El Cuervo y reconoce que lo de las agresiones y amenazas no es nuevo. «Hace 20 años, cuando estábamos de guardia 24 horas sin consultorio, tuve que mudar a mi familia a otro municipio porque me llegaron a decir que conocían a alguien a quien le gustaban las niñas de la edad de mis hijas». En su trayectoria, J. M. R. ha denunciado tres casos de agresiones, la última la pasada Nochebuena, cuando durante la guardia «vino un paciente a que le sacara una muela, le dije tres veces que yo no era dentista ni tenía el instrumental necesario y lo que podía hacer era recetarle calmantes para paliar el dolor», explica. La respuesta no convenció al usuario, que aprovechó que se volvió para coger algo para «tirarme el teclado». Logró esquivarlo al agacharse. Pero cuando salió de la consulta para pedir al celador que avisase a la Policía Local «me dio un golpe en la cabeza», una agresión que ha denunciado judicialmente. Su ambulatorio es el único centro de salud de El Cuervo, donde trabajan habitualmente cinco médicos de familia, un pediatra, cinco enfermeros y dos o tres auxiliares, aunque por las noches solo permanecen de guardia un profesional de cada especialidad. «No hay ni vigilancia privada ni botón del pánico ni nada», lamenta. Por las noches cierran la puerta y los pacientes «llaman al timbre y el celador les abre». Obviamente, como servicio público que es, su deber es abrir a todo usuario que se acerque al centro de salud. Una vez dentro, se sienten expuestos sin capacidad de reacción. "Vuelvo tras meses de baja y estoy asustadilla" Lleva 27 años como médico de urgencias en un ambulatorio de la zona Este de la capital donde asegura que «las agresiones verbales son diarias». Mañana domingo se reincorpora a la consulta tras meses de baja y en tratamiento psicológico de «terapia y medicación» con el que continúa. Reconoce estar «asustadilla», por lo que pide mantener el anonimato y que no aparezca el centro de salud en el que trabaja. Sufrió un intento de agresión el 16 de julio, cuando apenas llevaba quince días reincorporada de una baja anterior desde que en febrero, con una diferencia de una semana, sufriera primero insultos de un paciente que ni denunció y luego una amenaza que la asustó lo suficiente como para denunciar: «Ten cuidado mañana cuando salgas», le dijo un paciente distinto al primero y al último que intentó agredirla en julio. No son los primeros incidentes de este tipo que sufre pero sí reconoce que «antes nunca habían sido con esta frecuencia». En el último caso, el suceso no se produjo dentro de la consulta sino que un usuario del que atendió por un problema en el ojo se enfrentó con otro personal del centro fuera de la consulta. «Oí jaleo y me asomé y al preguntar qué pasaba se vino hacia mí pero el guardia de seguridad lo paró», relata. Su ambulatorio es uno de los que cuentan con seguridad privada y su consulta tiene también un botón del pánico «pero está estropeado y suena en otra consulta» explica. Lamenta que el SAS no le ha prestado asistencia alguna y toda la atención psicológica la ha recibido del Colegio de Médicos. "Cualquier día me toca atender a los agresores" En noviembre, dos médicos, dos enfermeros y un celador del centro de salud de Pino Montano recibieron una brutal paliza por parte de los acompañantes de un joven al que atendían por intoxicación etílica. M. es una de las víctimas, que tras mes y medio de baja por los politraumatismos sufridos, acaba de reincorporarse al mismo ambultorio, en el que esta misma semana una auxiliar administrativa ha sido también agredida. Sin embargo, no se plantea el traslado porque «me parece indignante tener que esconderte», pese a que sus agresores siguen acudiendo allí y, como médico de urgencias, «me puede tocar atenderlos cualquier día y te lo tienes que comer» . «Es mi trabajo, no he dejado que me afecte» explica M., que no ha necesitado atención psicólogica aunque en 27 años de profesión –tres de ellos en Pino Montano– es su primera agresión física, al margen de «insultos y eso»», dice restándole importancia . Aboga por la prevención. «No se trata de convertir los centros en un búnker, es más una cuestión de educación. El otro día contaba un pediatra que al examinar a un niño le había pegado un guantazo y la madre no le dijo nadie», critica. También da algunas claves. «Las urgencias están masificadas y son uno coladero, el alivio del sistema sanitario» donde «la gente quiere llegar y no esperar. Hace unos meses tuvimos que separar a dos pacientes que se pegaban». Además «hay recortes, por las noches estoy solo con un celador y un enfermero» y «estamos cubriendo carencias sociales y la gente lo paga con los médicos».  

  • 1