Carmen Negrín, nieta del último jefe de Gobierno de la II República, ha solicitado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, que se abstenga de participar en el debate sobre la posible suspensión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al entender que incurre en "falta de imparcialidad" al haber jurado en su día "lealtad al Caudillo" al entrar a formar parte en la carrera judicial.
En un escrito remitido el pasado día 9 al CGPJ, el abogado de Negrín, Joan Garcés, señala que existe el "temor fundado a falta de imparcialidad" de los magistrados "que juraron ante Dios lealtad al Caudillo y a los principios fundamentales del Movimiento" -era la fórmula utilizada antes del 5 de julio de 1977-, y que esta circunstancia podría afectar a Dívar a la hora de pronunciarse sobre la suspensión de Garzón en relación con la querella por prevaricación admitida a trámite contra este magistrado por tratar de investigar las desapariciones durante el franquismo. El 27 de noviembre, Negrín recusó por el mismo motivo a varios magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, entre ellos el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y el también magistrado de esta sala Carlos Granados.
La razón es que ambos integran, junto a Dívar, la denominada Sala del Artículo 61 del Tribunal Supremo -la competente para entender sobre recusaciones de magistrados del alto tribunal-, y tenían sobre la mesa la posible recusación de los cinco magistrados que admitieron a trámite la querella contra el juez Garzón la memoria histórica.
A principios del pasado mes de diciembre, la Sala del 61 dictó una providencia en la que ordenaba la realización determinados trámites relacionados con la recusación planteada por familiares de desparecidos y diferentes asociaciones de la memoria histórica contra estos cinco magistrados (Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, y Juan Saavedra).
Las asociaciones consideran que estos magistrados están "contaminados" para entender de la causa contra Garzón porque ya trataron este asunto con ocasión de la querella presentada por la nieta del presidente de la II República Juan Negrín contra los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que paralizaron la apertura de fosas comunes y posteriormente declararon la incompetencia de Garzón.
La cuestión de imparcialidad se dirige especialmente contra Adolfo Prego, ponente del auto de admisión de la querella contra Garzón, por sus "relaciones directas e indirectas" con los firmantes de la querella.
