La postura de los colegios privados que aspiran a un concierto público contraviniendo el espíritu que inspira la concesión de tales ayudas públicas no deja de ser sorprendente. No se trata de acceder a un derecho, sino de desafiar a la administración para torcerle la mano. Es más un ejercicio de excavación entre las rendijas del edificio burocrático para ver por dónde se cuela la luz que otra cosa.
En resumen, se trata de pedirle dinero a las administraciones públicas para educar a los niños bajo principios contrarios a los que preconiza la propia administración, que se convierte en patrocinadora de una filosofía docente divergente de su propio credo.
¿Retorcido el asunto, eh? En esta última polémica, suscitada tras la información publicada por Daniel Cela en El Correo, la Junta se muestra inflexible y advierte de que no concertará más centros privados que sigan propiciando la separación de sexos para la educación. Considera la consejería que a partir de la aprobación de la Ley orgánica de Educación tal práctica queda excluida de la política de convenios públicos. En cambio, los defensores de que los niños y niñas deben estar en aulas separadas porque cada sexo requiere un proceso evolutivo distinto -11 centros en toda Andalucía- creen haber hallado otra fisura: una disposición adicional de la LOE en la que se añade que la educación mixta será "prioritaria y preferente, pero no excluyente".
No dicen toda la verdad los centros concertados, la mayoría de los cuales pertenecen o están vinculados al Opus Dei. En realidad no confían tanto en la pequeña y presunta rendija de la LOE como en la grieta de considerable tamaño que tenemos detectada en la llamada Sala Vaticana del TSJA. Esos son sus poderes, ténganlo claro. Máxime cuando en medios judiciales se atestigua cómo la institución fundada por el beato José María Escrivá de Balaguer trabaja activamente para situar a sus jueces en todos los ámbitos de la judicatura, especialmente en los juzgados de familia.
Ese y no otro es el boquetazo por el que se ha ido introduciendo lo que no es más que una clara disfunción del sistema: la célebre Sala vaticana sentenció que la Junta debía seguir abonando el concierto a los colegios privados que segregaban a niños y niñas porque "no sólo no es discriminatoria la creación de centros de enseñanza separados para alumnos de sexo masculino y femenino, sino que estarían acogidos en el ámbito de esa libertad".
Con ese plumazo se anulaba el decreto de escolarización de la Junta y se mantenía abierto el maná público para ese tipo de enseñanza segregadora. "A la libertad le pusieron el nombre del dinero", debería haber dicho alguna copla popular. No hay nada más hermoso que hacer cada uno con su dinero lo que le dé la gana, sin dar explicaciones ni ir dando tumbos por los juzgados y los titulares de los periódicos. ¿Quién podría negarse a que unas instituciones privadas y unos padres opten por ese modelo para educar a sus hijos?
Nadie. Lo que resulta bastante más extraño es que alguien aspire a que el dinero de todos sufrague lo que a estas alturas del siglo XXI se antoja una excentricidad. Cada padre sabrá qué educación quiere para sus hijos y seguro que no faltan expertos de toda laya que justifiquen el asunto de la clave evolutiva diferenciada e incluso la urgente enseñanza del creacionismo antievolucionista o la imperiosa recomendación científica para que las chicas practiquen gimnasia en pantalón largo. Todo es posible, pero sin vivir de la mamela del dinero público.
Es difícil creer en la escuela concertada. Es fácil defender la escuela pública y la privada. Pero los conciertos representan en gran medida una traición al modelo público y a la par el reconocimiento de la administración de su incapacidad para proveer a los ciudadanos de centros públicos suficientes y de calidad sin tener que recurrir a colegios con vocación pública para financiarse e inspiración estrictamente privada para la aplicación de sus criterios docentes y sociales.
La Sala vaticana, conocida así por el radicalismo católico que emana de sus sentencias, ha tumbado una tras otra todas las iniciativas de la Consejería de Educación. Hagamos memoria. Se cargó la aplicación de Educación para la ciudadanía -una ley- porque suponía una intromisión ideológica en la libertad de las personas y eliminó contenidos de la asignatura relacionados con cuestiones de género. Rechazó el ratio de alumnos por clase establecido por Educación argumentando poco menos que no era una cuestión importante y, por supuesto, se cepilló la orden de la Junta que pretendía impedir la discriminación por sexos.
Esto es lo que hay, aunque ahora también hay una sentencia del Supremo diciendo que es quien paga -la Junta- quien decide el modelo. Y eso lo saben los 11 centros concertados, que esperan poco de las rendijas de la Ley y mucho de su tribunal favorito. De hecho, ya se anuncia un nuevo pulso: pese al aviso de la Junta, todos pedirán renovar sus conciertos pero lejos de implantar la educación mixta pedirán la suspensión cautelar de la medida. Y a jugar.
A esperar que dentro de cuatro o cinco años el Supremo falle a favor o en contra. Quizás ya esté gobernando de nuevo el PP y cambie las leyes que fuera menester. O incluso para entonces algún experto haya asegurado que educar a niños y niños en el mismo aula ni es malo del todo ni los convierte a ellos y a sus padres en ovejas descarriadas.
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