Los andaluces víctimas de la crisis tendrán garantizado un suministro mínimo de agua y luz para capear la mala situación económica. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, expresó este objetivo de su política como socio del gobierno andaluz «porque los derechos a la vivienda, a la alimentación, al agua y a la energía, además del empleo, son necesarios para que cualquier ciudadano pueda vivir con dignidad». Lo manifestó en el Encuentro de El Correo de Andalucía La responsabilidad social humanitaria. Sector del agua, celebrado en el Cortijo Gota de Leche de Sevilla, sede del grupo propietario del periódico, Morera & Vallejo.
Valderas defendió que el gobierno autonómico debe garantizar el abastecimiento de agua y luz a quienes, a causa de la crisis, no pueden pagarlo:en Andalucía, lamentó, se han producido 80.000 cortes de agua y 510.000 de luz por impago de familias que han perdido sus ingresos. «Entiendo que el impago de los recibos de luz y agua están relacionados y achaco la diferencia de cifras a la mayor sensibilidad de las empresas suministradoras de agua, públicas y privadas», expresó el vicepresidente, que animó a «invertir en igualdad» frente al «austericidio». «Si el Estado no responde, Andalucía lo tiene que hacer», apostilló. Los perceptores de esta garantía de mínimos vitales serían los andaluces perceptores del ingreso mínimo de solidaridad y los demandantes de salario social, expresó Valderas, quien se remitió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para cuantificar este mínimo vital : 100 litros de agua por persona y día y 2.600 kilocalorías.
Valderas abogó además por una ley autonómica que regule este suministro, un reglamento de aguas y la creación de sendos bancos de energía y agua «para que la respuesta a la exclusión social se dé entre todos y no sólo desde la Administración». El vicepresidente se mostró convencido de que la garantía de estos suministros vitales «cuesta poco si se compara con otras actuaciones» de la Junta.
En el acto de apertura intervino el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, quien apuntó que «todavía hoy nos encontramos con que 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento», de modo que «cada año 1,5 millones de niños fallecen en el mundo por enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento». Para Villalobos, «todos los seres humanos deben contar con un mínimo vital garantizado». «Desde la Diputación estamos dando respuesta a los órdagos que la coyuntura económica nos plantea», añadió.
Además, tomó la palabra el vicepresidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, quien defendió la gestión eficaz y transparente del agua como medio eficaz para garantizar que su suministro no se interrumpa a nadie por dejar de percibir ingresos con los que pagar los recibos, pese a que los estudios de la propia Diputación onubense sitúan al 25% de la población de ese territorio en el filo de la exclusión social. «Los alcaldes deben tomar decisiones valientes: no cortar el agua a nadie amenazado de desahucio, porque el agua no debe ampliar la diferencia social».
Al término del encuentro, el presidente del Grupo Morera & Vallejo, Antonio Morera Vallejo;junto con los representantes de Aguas de Málaga (Emasa), Aguas de Valencia y Aguas del Gobierno de Cantabria, Mónica Mallavia, firmaron el convenio de mecenazgo en gestión de riesgos y ayuda humanitaria, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio básico de gestión integral del ciclo del agua mediante la transferencia y el intercambio de conocimientos para el desarrollo de los mejores valores de la sociedad. El proyecto se presentará a la Unión Europea para su financiación.
