Un profesor de infantil atiende a un alumno. / Pepo Herrera
¿Quién paga la educación de los futuros educadores? A la respuesta de esta pregunta la administración pública aparece como la primera responsable, pero una vez resuelta esta primera cuestión se traza un triángulo que involucra a la Universidad y a la consejerías andaluzas de Educación (que tiene las competencias desde Infantil a Bachillerato) e Innovación (de la que depende la enseñanza universitaria).
La formación de los nuevos profesores se regula a través de un convenio que debe regular las prácticas de los alumnos del antiguo Magisterio, pero a día de hoy se encuentra paralizado por una cuestión que hasta ahora no pone de acuerdo a nadie: quién paga. «Dinero público, hasta ahí todos estamos de acuerdo. El problema aparece cuando hay que resolver quién debe abonar a los profesores de Primaria y Secundaria que están a cargo de la formación de la siguiente generación», señala el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de Huelva, Francisco José Morales.
El consejero de Educación, Luciano Alonso informó ayer en el Parlamento de que está a la espera de que la Universidad responda a la última propuesta de convenio, que vuelve a incluir la compensación económica a los profesores que las tutorizan, según anunció ayer el responsable de Educación a pregunta de la diputada del PP, Macarena O´Neill.
Alonso aseguró que la disposición de la Junta ha sido en todo momento de «diálogo y negociación» al tiempo que reconocía que no era razonable que el profesorado universitario que imparte la parte teórica cobre, mientras que los centros de Primaria y Secundaria no reciban retribución alguna. «El derecho a que sean abonados no está en discusión», aclara Morales, «el problema es que en una época en la que estamos tan escasos de recursos en la Universidad hay que buscar una vía alternativa en la que se involucren tanto Educación como Innovación», aclara.
Sin embargo, no todas las quejas de los responsables de Ciencias de Educación van hacia la Junta, Morales también pide a los rectores dar algo más de información a los nueve decanos provinciales: «Nos gustaría tener más peso y estar más al día en la negociación», apunta el decano onubense.
El problema no es menor, puesto que miles de alumnos aguardan a la resolución del convenio para iniciar las prácticas. En la Universidad de Málaga, por ejemplo, estos créditos están programados para el primer cuatrimestre con el consiguiente problema que supone al retrasar la finalización de los estudios. En Huelva se cursan a partir de febrero y todavía hay plazo para encontrar una solución.
El pasado noviembre, todos los decanos de Educación denunciaron, en un manifiesto, la situación que ha dificultado la inscripción de sus alumnos en las prácticas, obligando incluso a modificar la planificación del curso académico. Unos 10.000 universitarios del Grado de Educación Infantil y Primaria y el máster de Secundaria tienen que realizar este curso las prácticas, sin embargo sólo unos 1.600 las han iniciado
