Los turistas españoles que se benefician de las redes de prostitución infantil en sus viajes sexuales no han sido nunca condenados por un juez, según ha denunciado la Asociación Catalana por la Infancia Maltratada (AICM).
La coordinadora general del área de comunicación de la institución denunciante, Isabelle Peris, ha aclarado que el principio de extraterritorialidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite juzgar a los presuntos pederastas españoles que actúan fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, "la ambigüedad" del Código Penal español en este tema, la "carencia de campañas de sensibilización efectivas" y la "ausencia de mecanismos eficaces de cooperación policial internacional" han provocado "la actual situación de impunidad", recalcó Peris.
Respecto a la legislación española, Peris recordó que España tenía que haberse adaptado a la normativa europea antes de enero del 2006 y todavía no lo ha hecho, por lo que calificó la normativa española como "una de las más tolerantes de la Unión Europea en materia de explotación de menores", y ejemplificó que en países como Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, por citar sólo algunos, "ya se han producido condenas contra ciudadanos de estos países por abusos, agresiones o corrupción de menores fuera de sus países de origen". Por ello, criticó que en España no se pueda perseguir "con la ley en la mano al cliente de prostitución infantil, sino tan sólo al proxeneta".
Peris, que abundó en las leyes españolas, continuó su argumentación detallando que la jurisprudencia "genera una desprotección de los niños totalmente inusual en Europa" porque "responsabiliza al menor de su propio grado de corrupción". "No se tiene en cuenta el principio superior de la defensa del interés del menor, que es un colectivo especialmente vulnerable que la sociedad debe amparar si se encuentra en situación de riesgo", recordó Peris.
Respecto a la colaboración policial, Isabelle Peris consideró que el problema "no es únicamente la corrupción policial imperante en algunos de los llamados paraísos sexuales", sino también "la falta de voluntad del Gobierno español para tomar medidas". Según ella, España no realiza las llamadas "pruebas preconstituidas" que permitirían tomar declaración con garantías a las víctimas y a los testigos en el país donde se ha efectuado el delito.
Por ello, puso el ejemplo de los Estados Unidos, que tiene en muchas de sus embajadas en Asia profesionales encargados de personarse en este tipo de testificales para asegurarse que hay garantías legales y facilitar que posteriormente el juez las acepte como pruebas.
Según esta asociación, entre 30.000 y 35.000 españoles viajan anualmente a Latinoamérica expresamente para tener relaciones sexuales con niños, niñas y adolescentes.
