“No cumplir el objetivo de déficit sería hacer crack. Es el gran chantaje”

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, pide no demonizar a los sindicatos y asegura que el paro "no es consecuencia de que haya fallado la concertación. Eso es injusto”

el 07 dic 2013 / 22:00 h.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero La consejera de Hacienda, María Jesús Montero –¿Admitirán los cambios que IU propone al Presupuesto? –Se van a asumir las enmiendas que han presentado PSOE e IU. Será un debate tranquilo, en el que se volverá a poner en valor el ADN social de este presupuesto. El PP tratará en esta segunda ronda en el Parlamento que los casos de corrupción vuelvan a protagonizar el debate. –¿Por qué no incluyen en estas cuentas el dinero defraudado en casos como los ERE? –Hay ya una previsión, una partida de reintegros, que se ha subido hasta 159 millones de euros. No podemos pintar cantidades cuando no hay seguridad de que se vaya a devolver este dinero. –El PP llevará el Presupuesto a los tribunales porque no detallan la inversión por provincias. ¿Teme que pueda paralizarse? –El PP ha querido hacer de la parálisis del Presupuesto el debate. El martes tuvimos conocimiento de que había interpuesto un recurso contencioso administrativo que no tiene medida cautelar de parálisis y han señalado otra vía judicial ante el Constitucional. Ninguna vía prosperará. –¿Por qué esa decisión de ocultar la inversión por provincias? –Se ha llevado a cabo en los dos ejercicios anteriores. No parece lógico cuando un presupuesto ha ido cayendo de forma progresiva en el capítulo de inversiones y cuando no se han podido contemplar nuevas licitaciones de obras plantear este debate. Lo volveremos a hacer el año que viene, cuando esperamos crecer y planificar nuevas infraestructuras. –Muchos expertos critican que el Presupuesto no tiene mecanismos reales para combatir un 36% de paro. ¿Están lastrando la recuperación económica? –Las dos prioridades sobre la mesa son la apuesta por el empleo y las políticas sociales. El desempleo no depende exclusivamente de Andalucía y combatirlo tiene que ser una tarea compartida con el Gobierno de España, los ayuntamientos y la iniciativa privada. –¿Se creará empleo en 2014? –Va a depender mucho de cómo evolucione la economía en general. Nosotros no somos una isla. Nuestra economía es muy sensible. Somos muy vulnerables al ciclo económico. Hemos tenido unos meses favorables pero tampoco es para tirar cohetes ni dejarnos llevar por el optimismo. Se apunta a que  ha podido tocar suelo la caída del desempleo y abrirse una senda de recuperación, aún lenta. El Gobierno andaluz está siendo muy prudente hasta ver cómo evoluciona el PIB en los primeros meses del año. Pero los datos nos permiten tener cierta esperanza. –IU ha retomado su ofensiva para crear un impuesto a las grandes superficies y ponen una fecha tope: marzo. –IU sabe que tenemos en primavera el debate de la reforma fiscal de forma conjunta en todo el territorio español. Las comunidades tenemos que discutir sobre qué impuestos se pueden transferir y si se puede plantear una mayor progresividad. El debate tiene que ser simultáneo y acompasado entre comunidades y Estado. El Gobierno andaluz llevará una propuesta única de PSOE e IU. –¿Será usted la consejera de Hacienda que de verdad reforme el sector público? –La parte importante ya se hizo y hay sentencias judiciales que nos han dado la razón a pesar de la dificultad. Va a haber un debate importante porque uno de los compromisos de nuestro pacto de Gobierno era desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público. Habrá que definir con mucha claridad y diferenciar nítidamente las potestades administrativas que desarrollan los funcionarios y los entes instrumentales. Hay que redimensionar adecuadamente el tamaño de los entes instrumentales. Hay muchas críticas y cuando se cogen los datos, Andalucía es la de que tiene menos carga. Ayuntamientos como el de Málaga o Sevilla tiene cada uno 49 ó 48 entes instrumentales frente a los 100 que tiene la comunidad. No puede hacerse un discurso de confrontación e hipócrita entre los partidos sino un debate serio. –¿Suprimirán empresas? –Están trabajando en ello las consejerías. Alguna propuesta tendremos en los próximos meses. Hay que hacer ese trabajo pero no desde la perspectiva de que los entes instrumentales son chiringuitos o nidos de enchufados. Lo que hay es que reducir la carga burocrática. –Hay nueve empresas públicas investigadas por la justicia y cuya gestión presupuestaria está en duda. ¿Qué falla? –Siempre hay que respetar el ámbito judicial, cuantas menos valoraciones mejor podrán trabajar los jueces. Creo que a veces se confunden los informes de la Intervención, de la Cámara de Cuentas, posiblemente porque el lenguaje profesional de auditores o interventores puede confundir y dar a entender que se puede haber cometido presuntos fraudes. Mejorar, siempre y mecanismos adicionales, se pueden incorporar. Pero no cualquiera de estos informes plantea una irregularidad en términos penales o judiciales. Si uno lee el Informe de Control Económico Financiero al que se refiere esa investigación judicial utilizando palabras sacadas de contexto puede tener la sensación de que se han producido desmadres en los entes instrumentale. Si uno lo lee desde la perspectiva administrativa, puede entenderse  que hay que mejorar los mecanismos. Visto con perspectiva ¿han fallado algunos mecanismos de control? Evidentemente han fallado. Fundamentalmente en el caso de los ERE. Tenemos que aprender visto hacia atrás. –Cuando se utilizan las transferencias de financiación a empresas públicas para que éstas otorguen ayudas eludiendo controles, ¿admitirá que se han usado mal? –Esa afirmación no es correcta. Las transferencias de financiación tienen todos los controles legales. El problema es cómo se emplean. Todas las empresas públicas se financian de esta manera y es perfectamente legal. Que se tienen que incorporar para el futuro mayores mecanismos de control, de cómo se emplean, correcto. Eso es lo que pretende el Presupuesto de este año, una mayor vigilancia. Otra cosa es que se haya hecho un uso indebido de la transferencia de financiación, opaco, sin criterio, sin objetividad…Eso es lo que hay que vigilar y ahora sabemos que algo ha fallado. –¿Le preocupa que con 16 causas judiciales abiertas contra la Junta (ERE, UGT, la investigación a nueve empresas) los ciudadanos tengan la sensación de que abusan de sus impuestos? –Me preocupa muchísimo como miembro del Gobierno y como ciudadana. Hay una erosión de las instituciones y un desapego hacia la política. Me preocupa que los ciudadanos crean que todos los políticos son corruptos. La arquitectura democrática de la que nos hemos dotado no puede estar contaminada de tal manera que al final haya que derribarla. Eso es un caldo de cultivo para los regímenes totalitarios. –Y además de preocuparse mucho, ¿harán algo? –Hay que hacer pedagogía. Los casos de corrupción hay que circunscribirlos y condenarlos sin distinción, tolerancia cero. Hay que incorporar nuevos mecanismos al Presupuesto de mayor control y tener un código ético para todos. No cabe la tolerancia ante situaciones que aunque ni siquiera sean delito, no sean confesables. –¿Su consejería está revisando las ayudas a CEA y sindicatos? –No. Todos los expedientes están en la Consejería de Empleo. Pero esto no puede poner en cuestión el sindicalismo. –Se cuestiona porque hay unos hechos supuestamente delictivos, porque se han podido falsear facturas y desvias fondos. –Desgraciadamente se hace una generalización. Hemos tenido una reforma laboral muy agresiva y lo que faltaba es que el conjunto del sindicalismo estuviera en cuestión porque entonces ya los trabajadores se quedan sin ninguna capacidad de poder defender sus derechos. No se debería demonizar a los sindicatos. –¿Se deberían de paralizar las subvenciones a UGT hasta que se aclare lo ocurrido? –No. Hay que revisar todos los expedientes que puedan tener una mala imputación o documentación indebidamente justificada. –¿Tiene sentido la concertación con la que está cayendo? –Hay que hacer diálogo social independientemente de cómo se llame o si hay que mejorar los instrumentos que se venían utilizando. El Gobierno no va a poder impulsar la creación de empleo sin sindicatos y sin empresarios. –Sindicatos y empresarios han manejado millones de euros para cursos de formación a los parados y la comunidad tiene el lastre de un 36% de paro. Algo no ha funcionado. –No comparto esa reflexión. Se podrá mejorar pero no se puede poner en riesgo la concertación afirmando que al final nos ha traído al 36% de paro. No es verdad. El paro no es consecuencia de que haya fallado la concertación en Andalucía, tiene raíces mucho más profundas. Sería injusto. –¿Cómo le sentó el tirón de orejas que recibió Andalucía desde el Ministerio, exigiéndoles más recortes? –No me sentó bien pero tengo mucha cintura política. Pude hablar con el ministro. Fue una charla cordial y le dije que no me parecía justo que el nombre de Andalucía hubiera aparecido en los titulares como una comunidad incumplidora cuando la tabla indicaba que estábamos en una posición mucho mejor que otras comunidades cuyo nombre casualmente no salió, por ejemplo Madrid. No caben medidas adicionales. A estas alturas solo cabía el recorte de nóminas a empleados públicos o bien, no pagar por ejemplo las prestaciones familiares a los dependientes, que son los créditos que se ejecutan a final de año y que evidentemente no íbamos a hacer ni una cosa ni la otra. –Cuando el Gobierno andaluz dice que va a cumplir “razonablemente” el déficit, suena a que lo incumplirán. –Decimos exactamente la verdad. Estaremos en el entorno de cumplimiento, como España traslada a Bruselas. Es cuestión de décimas, dentro del objetivo. –¿Le pide el cuerpo sumarse a esa izquierda que pide la insumisión al déficit? –No aceptar el cumplimiento del objetivo de déficit es una huida hacia delante porque eso significaría no tener financiación y no poder pagar las nóminas o atender los compromisos con los proveedores. Los demócratas no hemos elegido la insumisión. Lo que sí tenemos que convencer a los ciudadanos de que se tiene que producir un cambio político en las instituciones europeas y que el déficit no sea el credo. Para eso están ahí las elecciones europeas. ¿Hasta qué punto hay que someterse? Pues hay que hacerlo aunque no de forma callada, sino protestando y ofreciendo alternativas. Pero no cumplir el objetivo de déficit sería hacer crack. Es el gran chantaje.

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