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"No esperaba que se paralizara la dependencia de forma unilateral"

La consejera de Igualdad y Bienestar Social se “niega” a poner por delante lo social a la hora de recortar como, asegura, acaba de hacer el Gobierno de Mariano Rajoy.

el 01 ene 2012 / 20:49 h.

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La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, en su despacho en la consejería. / samara calero (atese)

-¿Qué supone la decisión de retrasar un año el acceso a un servicio o ayuda para nuevos dependientes moderados?

-Lo que ha hecho el Gobierno del PP es paralizar la Ley de Dependencia y castigar a las comunidades que la desarrollaban. A las demás les da igual porque no lo hacían. Además se ha hecho de forma unilateral, porque nunca antes se había cambiado la ley sin hablar con las comunidades. Lo que quiere es castigar a las regiones que la desarrollan, porque hay comunidades en las que lleva años gobernando el PP que tienen un gran déficit acumulado y ahora lo van a pagar todos los españoles vivan donde vivan.

-¿Se plantean la insumisión a esta medida o un recurso? ¿Qué margen de maniobra tienen?

-Insumisión no. El PSOE y el Gobierno andaluz no hace insumisión a las leyes como sí pedía el PP cuando la subida del IVA. El margen de maniobra de las comunidades es ninguno, tendrán que ejecutar la ley como la deje el Gobierno. El Gobierno andaluz no se puede plantear otra cosa que cumplir la ley, eso es lo que ha hecho y eso es lo que hará.

-¿Esperaba este recorte en el sistema de dependencia?

-Ha ido más allá de lo que yo pensaba. Es verdad que en campaña ya dijo que la Ley de Dependencia no era viable, aunque luego lo desmintiera. Yo esperaba que al menos convocara el Consejo Interterritorial puesto que las comunidades participamos en el desarrollo de la ley y también en la financiación, no paralizarla de forma unilateral ni como trágala. No comparto que haya que poner a las políticas sociales por delante a la hora de hacer recortes, y menos en dependencia, que ha empezado a ser un derecho hace cinco años y aún es más frágil que otros como sanidad o educación. Si hablamos de dependencia, resulta que la mayoría de familias no tiene 2.000 euros todos los meses para llevar a un dependiente a una residencia. Con estos recortes, los que tengan menos de ese dinero podrían verse afectados.

-¿Teme que con esto se abra el melón para ir más allá y se desvirtúe el sistema de prestaciones sociales?

-El melón ya lo ha abierto y cerrado el PP. Ha subido impuestos y ha bajado las prestaciones sociales, ha quitado la ayuda al alquiler para los jóvenes, congelado el IPREM y el Salario Mínimo. Aquí es donde nos tenemos que dar cuenta de la forma de gobernar de la derecha, que una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Dijeron que no iban a subir impuestos y es lo primero que han hecho, ¿esa es la forma de apostar por la familia en la que dicen que creen?, ¿qué es la familia para el PP?, ¿los que tienen más dificultades sociales que no pueden pagarse la atención que necesitan porque tienen una pensión de 600 euros que le ha subido un 1% y por otro lado le quitan por el IRPF?, ¿los jóvenes a los que les quita las ayudas al alquiler?, ¿esa es la atención a la familia? Aparte está la repercusión en el empleo, en la ayuda a domicilio, el personal de residencias o las familias que reciben una prestación económica por atender a sus dependientes.

-Entre estas opciones de recortes, ¿cuál elegiría?: limitar las vacaciones pagadas a los mayores, no gastar recursos en menores inmigrantes que no son pobres o recortar en juventud?

-Lo primero que hay que hacer es cambiar el chip para darnos cuenta de que cuando hablamos de políticas sociales no podemos hablar de un gasto, porque si lo vemos así evidentemente todo el mundo va a optar por recortar los gastos. Es una inversión. La igualdad de oportunidades tiene que ver de manera directa con la educación, la sanidad y las políticas sociales. Son políticas que afectan a miles de familias, no sólo a las que están en riesgo de exclusión. Aquella familia que pueda detraer de su presupuesto anual 15.000 euros le dará igual que haya o no Ley de Dependencia. Las que no tengan ese dinero se verán afectadas si hay recortes.

-¿En este contexto crítico se puede seguir pagando todo de igual manera?

-Probablemente no, pero sentémonos y decidamos de qué servicios podemos prescindir, cuáles se pueden optimizar.

-¿Y de dónde recortamos?

-Rajoy tendrá que sentarse con los presidentes autonómicos -Griñán le ha pedido una conferencia urgente- y que sean ellos los que determinen las prioridades. Una consejería no puede decidirlo. Esa sería una segunda parte. Después de la reunión de presidentes, Rajoy tendrá que decir cuáles son sus prioridades y, luego, cada presidente autonómico verá también las suyas. Pero me niego a que pongamos por delante todo lo que tenga que ver con las políticas sociales. Hay políticas que, además de mejorar la vida de las personas, tienen retornos, con la creación de empleo. Si la Ley de Dependencia se hubiera desarrollado en todas las comunidades como en Andalucía, priorizando la prestación de servicios a la ayuda económica, harían sostenible la propia ley. Desde el momento en que hay comunidades que han optado por que el 80% de prestaciones sean económicas, eso no tiene ningún retorno. Lo que tiene es un doble gasto para el Estado. Me rebela lo que ha hecho el Ayuntamiento de Manzanares, que despide a trabajadoras del área social y les pide que trabajen como voluntarios. Eso es un insulto. ¿Le dirá lo mismo a los funcionarios?

-Pero de algún lado, o de casi todos, hay que ahorrar.

-Tenemos una visión de que las políticas sociales están dirigidas solo a los excluidos de la tierra. Seguimos teniendo un poco de espíritu de beneficencia: queremos que todos estén atendidos pero sin gastar mucho. Todo el mundo tiene que tener derechos y responsabilidades. Si a la parte de población que hace posible que otros puedan acceder a una calidad en la atención le restamos de su sueldo la gratuidad de los libros de texto, el transporte escolar, la educación y sanidad gratuita, ya veríamos si lo que conocemos como clase media seguiría siendo clase media.

-El último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia da un notable a Andalucía en la aplicación de la ley, pero tanto el PP-A como distintas asociaciones denuncian recortes encubiertos. Por ejemplo, ¿cómo hay por primera vez menos dependientes recibiendo prestación que hace un año? ¿no se suplen los fallecimientos con otros dependientes nuevos?

-Me gustaría que el PP me explicara cómo es posible que en las comunidades donde gobierna, como Madrid o Valencia, que no están desarrollando la ley, haya saltos tan grandes en la atención. Por ejemplo, de marzo a abril, justo antes de las elecciones municipales y autonómicas, hubo 9.000 dependientes más cada mes, y a partir de mayo se acabó. Andalucía, desde el primer momento ha tenido un crecimiento sostenido. La única vez que ha habido mil personas menos que el mes anterior ha sido en noviembre de este año. Al mismo tiempo se da una paradoja que estamos esperando que nos la expliquen: tenemos 1.500 personas menos y 3.000 prestaciones más que el mes anterior. Pero yo me pregunto ¿cómo es posible que cinco años después de que la ley entrara en vigor Andalucía siga teniendo el 30% de la población de toda España atendida? Ya ha llegado el momento de que esto se hubiera ido equilibrando.

-Está claro que Andalucía sale bien parada en lo que a dependencia se refiere si se compara con el resto de comunidades, pero se están denunciando recortes encubiertos, como la ralentización de la ley.

-¿Alguien se cree que si Andalucía quisiera hacer algún recorte lo va a hacer a tres meses de unas elecciones? Por favor. Eso se cae por su propio peso. Andalucía nunca ha engañado a nadie. Estamos invirtiendo tres millones de euros diarios. ¿Por qué no se pregunta al PP allá donde gobierna? Podríamos haber optado por dar más prestaciones económicas, que salen más baratas, pero hemos optado por dar el servicio más adecuado a cada persona. Andalucía tiene casi el 50% de la ayuda a domicilio que se presta en toda España. Puede costar hasta mil euros una ayuda a domicilio, mientras que una ayuda son unos 400 ó 500. Por eso hemos pedido que se nos pague a las comunidades en función del tipo de prestación que se da.

-¿Cuánto es el tiempo medio que se tarda en valorar?

-Siete u ocho meses.

-¿Se ha ralentizado?

-No, prácticamente siempre ha estado así. Los ayuntamientos y las delegaciones están trabajando muy bien, pero el proceso es muy complejo. Por ejemplo, hay 56.000 personas que pidieron ser valoradas y tras hacerlo no tenían un grado de dependencia a los que la ley les reconoce el derecho, pero se ven todas las solicitudes.

-La Confederación de Asociaciones de Discapacitados (Cermi) denuncia problemas en las residencias y centros de día que ellos gestionan porque se están concertando menos plazas de las previstas y no subsisten. Dicen que estaban previstas 1.200 y se han concertado 500. Hay incluso residencias nuevas que no pueden abrir.

-El único sitio de toda España donde se han concertado plazas este año es en Andalucía y tenemos que ir concertando plazas en función de la demanda. Yo garantizo que quien necesite una plaza de residencia, la tiene. Que hay personas que viven en Sevilla y tienen que irse a la sierra, sí, eso no lo voy a discutir, porque hay más demanda en las capitales. Pero hay otras comunidades que han cerrado plazas de residencia, como Castilla La Mancha.

-Pero no compare a Andalucía con el resto, compare lo que se hacía aquí antes y ahora.

-Es que Andalucía no es una isla donde no nos haya afectado nada. También hemos sufrido las consecuencias de la crisis pero, a pesar de ello, hemos priorizado unas políticas sobre otras. Andalucía terminará este año menos carreteras porque ha decidido mantener la educación, sanidad y políticas sociales.

-Hay otra partida cuya demanda se ha disparado con la crisis. ¿Se podrá garantizar ahora y en adelante el salario social a todos los que lo necesiten?

-La demanda no ha subido de forma espectacular ni mucho menos porque los requisitos exigen que no tengas derecho a ningún otro tipo de prestación. Hubo un aumento importante de 2009 a 2010 y pasamos de 40 a 62 millones de euros en el Presupuesto. Este año no ha crecido, pero si aumenta la demanda, aumentará el presupuesto.

-Hay ayuntamientos, como Jerez que siguen sin pagar a las empresas de ayuda a domicilio. ¿Se plantea ser la Junta quien contrate a las trabajadoras?

-La Junta en ningún momento se ha planteado gestionarlo directamente porque entendemos que la colaboración con los ayuntamientos ha funcionado bien en general. Podríamos haber montado un sistema en paralelo, como han hecho otras comunidades, pero eso sería ir en contra de la eficacia. Hoy, salvo excepciones, en la mayoría de los municipios está regularizada la situación.

-Asociaciones y ONG se quejan de recortes de facto. Ustedes admiten que las subvenciones han bajado pero sólo para jornadas. Sin embargo, éstas denuncian problemas para la atención a drogodependientes o enfermos de SIDA. ¿Lo reconoce?

-No. Reclamaciones, evidentemente las hay. Pero garantizo que todas aquellas personas que necesitan atención en temas como el SIDA o las drogas, la tienen. Ha habido subvenciones que las hemos recortado un 70% pero no estamos tocando los programas de asistencia. Muchos no se atienden ya a través de las asociaciones porque se atienden por la vía oficial, como la Ley de Dependencia.


-Después de que Cospedal anunciara el cierre de casas de acogida para maltratadas, aunque luego dijo que sacará su gestión a concurso público, ¿la Junta garantiza el mantenimiento de las suyas y de los programas de inserción laboral?

-Hasta ahora no hemos tocado ninguno. Con la seguridad de las mujeres no se puede jugar. El PP no puede decir aquí que le va a poner un escolta a cada maltratada y en las comunidades donde gobierna cerrar las casas de acogida y ponerlas en la calle.

-La crisis ha supuesto un retroceso en la igualdad. ¿Usted teme más pasos atrás?

-Las consecuencias de la crisis las sufre la población entera, pero mucho más los más vulnerables. Cuando se precariza el ámbito laboral, tienes menos posibilidades de exigir tus derechos. Hay muchos más contratos parciales para mujeres y todo ello tiene que ver con la desigualdad.


-Hablando de igualdad, pero en clave interna. El propio Griñán criticó la falta de mujeres en la campaña de Rubalcaba. ¿Comparte esa visión?

-Eso lo compartía desde antes del 20 de noviembre. Es una conclusión a la que mucha gente llegó desde el primer momento, cada vez que se organizaba un acto y veíamos el cartel. Por ejemplo, en el mitin de Dos Hermanas.

-¿Ha llegado el momento de que el PSOE o el PSOE andaluz lo lidere una mujer?

-Ese momento llegó ya hace mucho tiempo. Si alguien ha trabajado para que esto sea así ha sido el PSOE. Hoy lo que nos llama la atención es que en los ámbitos de responsabilidad no haya mujeres. Lo que no comparto es que haya que dar ejemplo, sino que las cosas se hagan con toda la normalidad del mundo. ¿Hay algún impedimento para que alguna mujer se presente? Ninguno. ¿Hay que forzar que se presente una mujer? Me parecería una barbaridad.

-¿Qué opina de la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato?

-El movimiento se demuestra andando y a las dos semanas de estar en el Gobierno tomar una decisión de tanto calado sin que se nos haya comunicado a las comunidades en ningún momento no me parece que sea la mejor manera de empezar.

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