-¿Por qué Andalucía se ha lanzado a crear su propia ley de educación? ¿No le bastaba la LOE?
-No es que no baste. Las competencias de las autonomías en educación son muchas. Es lógico que se regule por ley. Tengo una valoración muy positiva de la Ley de Educación Andaluza (LEA). El texto encaja perfectamente con la filosofía de la LOE y se adecua a las necesidades andaluzas.
-El rendimiento escolar en Andalucía es inferior al de la media nacional según la OCDE. La Junta dice que la escuela andaluza partía con más déficit que otras comunidades. ¿Está de acuerdo?
-Absolutamente. Lo hemos comentado muchas veces en las reuniones con los consejeros de educación de todas las comunidades. Los informes de la OCDE que nos comparan con otros países europeos no tienen en cuenta el esfuerzo muy concentrado que se ha hecho en algunos países en los últimos años. Ése es el caso claro de España, y mucho más claramente de comunidades como la andaluza. Creo que la Junta y la consejera lo saben perfectamente.
-Han pasado 30 años de democracia y cuatro leyes de educación. ¿Durante cuánto tiempo se pueden seguir explicando los bajos resultados en función del déficit histórico que se arrastra?
-No, claro. Yo creo que ésta es una explicación que ayuda a entender ciertas cosas, pero en absoluto le permite a uno decir: bueno, como nuestro punto de partida era tan malo, pues ya está todo explicado. En absoluto. El Gobierno central ha aprobado la LOE y puso detrás un respaldo económico de 7.000 millones de euros. La Junta va a aprobar una ley que también tiene detrás una memoria económica y un compromiso para lograr objetivos claros: la atención más individualizada a los alumnos, insistir en las competencias básicas y en los conocimientos instrumentales (matemáticas, lectura, nuevas tecnologías e idiomas). Y luego las maneras de conseguir los objetivos, desde la formación del profesorado hasta la mayor autonomía de los centros. Reconózcame el esfuerzo que estoy haciendo, pero eso no es razón para dormirme en los laureles: estoy haciendo una ley que debería superar la excusa del déficit histórico, estoy brindando recursos económicos y tengo claro hacia dónde dirigir ese gasto.
-Se dice que los problemas de la escuela andaluza son los mismos que en el resto de España. En el País Vasco hay 15 alumnos por aula y en Andalucía al menos 25. ¿Es una locura plantearse bajar la ratio 10 niños por clase?
-No debería. Estamos muy seguros de la importancia que tiene el número de alumnos por profesor, más en Primaria que en Secundaria. Precisamente en este dato no estamos abrumadoramente por debajo de la media. La media española está por encima de la europea en ratio. Pero en educación es difícil saber cuál es la razón de que algo no funcione. Para resolver los problemas educativos no hay una solución universal, sino una suma de cosas. Entre los factores que se suman está, indudablemente, la ratio. Pero ni es el único ni el definitivo.
-Pero uno de los objetivos de la LEA, y usted acaba de decirlo, es la atención personalizada del alumno. ¿No tiene eso una relación directa con la ratio?
-Tiene que ver con la ratio, claro, pero también con la organización del centro y con la atención que a un alumno se le brinda no solamente dentro del aula, sino a través de su desarrollo curricular, de la atención que le presta todo el cuerpo de profesores.
-Chaves promete pagar 600 euros al mes a los que sigan estudiando tras la ESO. Las becas salario son como los préstamos-renta con los que el ministerio subvenciona un master tras la universidad, pero sin devolver el dinero al graduarse. ¿Le parece un buen sistema?
-No sé si ayuda mucho hacer la comparación entre un nivel y otro. La postobligatoria y la universidad son niveles educativos muy separados. Pero la filosofía sí puede ser la misma. Tenemos en España un porcentaje de jóvenes que entre 18 y 24 años no tiene su título de ESO y además está fuera del sistema educativo. Esto nos preocupa. Sabemos que cuanto mayor nivel de formación tiene una persona, más valor tiene en la sociedad. Por tanto tenemos que conseguir que la mayoría de los jóvenes llegue no sólo al máximo que puede llegar en su formación obligatoria, sino hacerles entender que la formación ha de ser permanente. Esto supone un cambio de mentalidad porque seguimos pensando que la educación empieza a los tres años, llega a los 16, y se acabó. Bueno, esto es el pasado. El futuro es un cambio de mentalidad: un sistema educativo más flexible que permita salir y luego volver a entrar, y que se prolongue a lo largo de la vida. Así que iniciativas para fomentar la permanencia de los jóvenes más allá de la edad obligatoria me parece que van en la línea correcta.
-Pero concretamente la iniciativa de las becas-salario...
-La concreción de cómo hacer las políticas son decisiones..., es decir, puede haber un abanico de posibilidades para incentivar.
-¿Y en concreto ésta le parece acertada?
-Me parece que hay que probar, ¿no? A ver si funciona. [Silencio] Bueno, esto es muy complicado. Las comunidades que padecen mayores tasas de abandono, como Andalucía, tienen unos altos niveles de accesibilidad de empleo para los jóvenes, pero de empleos poco cualificados. Todos nos acordamos de cuando teníamos 16, 17 o 18 años y pensábamos en emanciparnos y tener ingresos? Si eso es posible, es una tentación demasiado fuerte para muchos jóvenes, sobre todo si no les ha ido bien en el instituto. Así que deciden "hasta aquí he llegado". Tres cuartas partes de los que abandonan prematuramente, entre los cinco y los diez años siguientes, intentan volver al sistema. Su desarrollo profesional se ve limitado por su escasa formación. Por eso hay que conseguir que permanezcan, y una de las cosas que hay que pensar es si hay que compensarles por el trabajo que dejan de hacer por permanecer en la escuela. Es una pregunta complicada, porque no está tan claro que todos encuentren un trabajo. Lo de compensar el sueldo que se pierde dando una beca para que sigan estudiando es una medida que hay que probar, pero no tiene garantías de funcionamiento asegurado. Ahora, que hay que probar... yo creo que esto es una apuesta del ministerio, de la consejera andaluza, de la sociedad, de los padres y de sus hijos. Es un objetivo ambicioso e imprescindible.
-¿No ve contradicciones entre hacer entender que la educación debe prolongarse a lo largo de la vida y pagar para que permanezcan estudiando?
-¿Contradicción? No. Las grandes apuestas en política que no tienen en cuenta cuál es la realidad en la que se tienen que implantar tienen escasos resultados. Efectivamente, si tuviéramos una población joven y una sociedad ya convencida de la importancia de la educación, del aprendizaje a lo largo de la vida, pues probablemente las propias familias entenderían que seguir en el sistema más allá de la obligatoria no es un gasto sino una inversión de futuro. Pero, por desgracia, esto todavía no hemos conseguido que lo entienda la sociedad. Tenemos una generación de padres que, por cómo ha sido nuestra historia, tienen todavía un nivel de educación muy por debajo de la media de educación de los padres de otros países europeos. Por tanto, tropezamos con la escasa valoración de lo que supone la educación.
-Andalucía no es la única que ha diseñado su ley de educación. Hay otros borradores derivados de la LOE. ¿Son muy distintas?
-Andalucía se ha adelantado en este camino. A un nivel tan avanzado como la ley andaluza no hay ninguna otra comunidad.
