I. Comesaña / D. Cela / P. Torres
Las 300 personas que huyeron del Polígono Sur hace mes y medio por temor a una venganza después de que algunos de ellos se vieran implicados en un tiroteo en el que murió un joven están viviendo en un descampado en el que han levantado unas endebles chabolas. Entre ellos hay un centenar de niños, que estaban escolarizados y ahora no van a clase, y también bebés, tres de ellos nacidos después de llegar a este lugar. Pedro muestra su chabola y explica que en el colchón duermen él, su esposa, la pequeña de sus doce hijos y cuatro nietos. "No podemos seguir aquí, por los niños", insiste. Quiere que les dejen volver a sus casas, igual que Jorge, que necesita oxígeno para respirar pero dejó la máquina en el piso que abandonaron a toda prisa. Ahora no tienen luz ni agua, hay serpientes y ratas y no se atreven a salir del terreno, como cuentan dos jóvenes que iban a talleres de empleo en el Polígono y ahora no quieren regresar ni siquiera para recoger sus coches por miedo a represalias.
Los niños, la mayoría de los colegios Andalucía, Jiménez Fernández y Altolaguirre; y los institutos Domínguez Ortiz y Polígono Sur, dicen añorar a sus profesores y compañeros porque se aburren en el solar baldío en el que viven ahora y porque les gustaba aprender a leer y escribir. "Como tenemos móviles, llamamos al colegio para escuchar a nuestros profesores, pero cuando lo cogen, colgamos", dice uno de los alumnos. No tienen materiales didácticos, aunque muchos menores piden a sus padres que les pongan ejercicios o les lean. Otros leen una y otra vez el único cuento que se han traído de sus antiguas casas.
Estas 35 familias vivían en Los Bermejales hasta que hace cinco años recibieron 42.000 euros cada una del Ayuntamiento y compraron ilegalmente pisos en el Polígono Sur, donde la mayoría no llegó a integrarse. Tras el tiroteo, huyeron por miedo a venganzas a este descampado. La Junta afirma estar trabajando para solventarlo, y el Comisionado del Polígono Sur, que se opone a su vuelta al barrio por su conflictividad, se muestra dispuesto a colaborar en el aspecto educativo ante los estrechos lazos de los menores con sus profesores. El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio tras enterarse por sus propios medios de la situación y ha pedido explicaciones a Junta y Ayuntamiento. La Fiscalía de Menores, en cambio, no ha sido informada por la administración.
