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«No puedo dar plazos para la Ciudad de la Justicia»

Lleva un mes como Consejera de Justicia y Administración Pública y toda una vida en la judicatura. Reconoce que el sistema necesita cambios profundos y dice hacer suyas las reclamaciones de los jueces, pero cree que su visión se basa en necesidades que considera extraordinarias por la situación económica.

el 16 sep 2009 / 03:08 h.

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L.Blanco/ R.Velis

Lleva un mes como Consejera de Justicia y Administración Pública y toda una vida en la judicatura. Reconoce que el sistema necesita cambios profundos y dice hacer suyas las reclamaciones de los jueces, pero cree que su visión se basa en necesidades que considera extraordinarias por la situación económica.

-Tiene el encargo del presidente de hacer de la justicia y la administración pública una solución y no un problema para los ciudadanos. Con la justicia en el punto de mira, ¿siente miedo?

-Miedo no, lo que tengo es la responsabilidad compartida con funcionarios, magistrados, jueces, fiscales, abogados y procuradores, en que esto hay que cambiarlo. Es un sistema que hay que adaptar al siglo XXI, evidentemente no arrasando con el anterior sino construyendo nuevos edificios. Es un reto interesante y lo afronto con seguridad porque sé que se puede mejorar el servicio.

- Su solución no es más medios sino reorganizar los que hay. ¿Cree que los profesionales comparten su opinión? El TSJA en su memoria reclama 36 juzgados y 1.200 funcionarios más.

- Creo que estamos todos en la misma línea de comenzar por la reorganización. La memoria del TSJA arroja unos datos que se van a convertir en reivindicación para esta Consejería. Pero son datos de 2008, cuando España ya estaba inmersa en una crisis global, y hay un número de demandas y reclamaciones de los ciudadanos superior al habitual. Las soluciones hay que reflexionarlas y adaptarlas a las necesidades no extraordinarias que responden a una crisis sino a lo que va a requerir un servicio público.

- Pero el retraso no es de hace un año, viene de largo.

- Todos estamos de acuerdo en que la justicia necesita una modernización y un cambio.

- ¿Cómo explica al ciudadano y al sector que pese al colapso se quiten funcionarios de refuerzo en juzgados como el que instruye el caso Mari Luz?

- Un refuerzo se pone extraordinariamente para una situación específica, como casos de estafa que tienen muchas partes, tipo Nevada, o de gran alarma social, como el de Mari Luz. Son casos que requieren refuerzos durante la instrucción y cuando acaba esa fase, se retiran porque no son ampliaciones de plantilla. De todas formas, en el caso Mari Luz estamos atentos y si reaparece la necesidad o lo reclama el juzgado volverá a reforzarse.

- Prevé crear unidades especializadas para agilizar los juzgados. ¿No depende de la reforma estatal de la Oficina Judicial?

- Podemos crear servicios de notificaciones y unidades de apoyo a la ejecución penal, que son una necesidad real, seguramente en Sevilla y también en otras ciudades.

- ¿Qué cambiará con la reforma del sistema informático de los juzgados, el Adriano?

- Será compatible con el del Ministerio, vamos a trabajar en la interconexión de juzgados y en las notificaciones telemáticas, que son reivindicaciones de la ciudadanía y una necesidad real en cualquier administración en el siglo de las comunicaciones.

- ¿Podrá un juez conocer el historial del procesado aunque no haya sentencias firmes?

- Depende del delito y de lo que la ley permita, porque tiene que haber garantías para los ciudadanos. Para casos de abusos sexuales como el de Mari Luz habrá un registro específico al que sí se podrá acceder.

- El Estatuto y el programa para la legislatura prevé crear un Consejo de Justicia Andaluz. Algunos creen que 17 consejos multiplicarán los problemas.

- Es un órgano de gobierno de los jueces en Andalucía que requiere la reforma de la Ley Orgánica. Estará compuesto no sólo por jueces y magistrados sino por juristas de prestigio. Podrá adoptar algunas medidas disciplinarias de los jueces y para convocar plazas, habrá que ver qué competencias le delega el CGPJ.

- ¿Ve viable iniciar los proyectos de todas las ciudades de la justicia esta legislatura? ¿Hay fecha para la de Sevilla?

- Son una prioridad. Cada una va a tener un ritmo distinto, porque las circunstancias varían en cada provincia. En Sevilla, estamos anticipando todos los pasos para que cuando los terrenos estén a nuestra disposición, podamos comenzar las obras, pero plazos no puedo dar. En Sevilla y otras ciudades, apostamos por el modelo de campus, aunque el edificio único también es válido.

- La oferta pública de empleo se redujo a la mitad pero se prometió agilizarla. ¿No vamos ya con retraso para convocarla y resolverla en el año?

- El primer criterio con el que se diseñó era cubrir todas las necesidades y el segundo la austeridad lógica en tiempos de crisis. Los plazos se van a cumplir pero son procesos complejos y vamos a trabajar para mejorarlos, pero nosotros también necesitamos tiempo.

- Con los cambios de gobierno, aún no hay comisario de la memoria histórica y las asociaciones se quejan de que las exhumaciones están paradas.

- Yo no he recibido quejas y no se ha parado nada porque tenemos claro que no vamos a permitir otra vez que se olvide la injusticia. El nombramiento del comisario se hará público en breve.

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