Es la nueva decana del Colegio de Procuradores tras ganar las elecciones celebradas recientemente. María Isabel Escartín García de Ceca (1971) es madrileña de nacimiento, pero sevillana de adopción, pues llegó a la ciudad con tres años. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y ejerce como procuradora desde 1995. Tiene ante sí el reto de gestionar los cambios que prepara el Gobierno para su profesión. ¿Qué le ha llevado a presentarse a las elecciones a decano del Colegio en un momento tan complicado para su profesión? La Junta de Gobierno la formamos un grupo de compañeros con la inquietud de que el colegio funcione de forma correcta y ágil. Queríamos formar un equipo independiente, ajeno a dinámicas polarizadas y buscar una etapa conciliadora con un aire nuevo y renovado. El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales es un gran problema, por eso es fundamental un Colegio unido. ¿Qué objetivos se ha marcado respecto a este anteproyecto? Nuestros objetivos son por un lado de carácter profesional, es decir, saber cómo será nuestro futuro tras la reforma. Y, por otro lado, colegial, como cuestiones de organización financiera y la mejora de nuestra función de servicio público. El anteproyecto, supone una amenaza porque deja sin efecto la reserva de profesión y la incompatibilidad entre las profesiones de abogado y procurador, de tal forma que un letrado puede ejercer la procura. Además, elimina los aranceles que hasta ahora marcan el precio de nuestra labor y que cumplen una función social porque son unos importes muy ajustados. ¿Se podría decir que el anteproyecto amenaza la existencia de la profesión e incluso de los colegios profesionales? Tal y como está ahora mismo no elimina la figura del procurador ni la representación procesal. El sentido de la Ley es más bien permitir una apertura para que puedan intervenir en esa actuación otros profesionales. Lo que sí es cierto es que puede ser un grave perjuicio para la profesión, pero sobre todo para el ciudadano y para la Justicia. El procurador no es sólo la representación técnica en un proceso, sino un colaborador de la Justicia que realiza una serie de actuaciones de carácter público, entre ellas las notificaciones, que gestiona el Colegio de Procuradores, con personal propio que pagamos con nuestras cuotas y que le supone un ahorro de 188.000 millones al Ministerio de Justicia. En toda España se hacen 50 millones de notificaciones al año y en Sevilla 1,6 millones. Ahorramos costes y tiempo. ¿Cómo le repercute al ciudadano y a la Justicia este cambio? Nosotros gestionamos tanto las notificaciones judiciales en papel como las realizadas por el sistema telemático, el Lexnet. Un sistema, el más avanzado de Europa que incluso ha sido premiado, y que nos ha costado ocho años implantarlo, con la inversión económica que ha supuesto tanto para los colegios como para los procuradores. Pero, este sistema no está pensado para el número tan altísimo de abogados que tendrían que conectarse, por lo que volveríamos a las notificaciones por correo, con lo que supone en tiempo y coste. Sería volver a una Justicia de 30 años atrás. El perjuicio a la Justicia es enorme. Pero también hay una cuestión de calidad, porque el abogado no puede dar la misma atención al cliente si tiene que ejercer la procura. Por eso estamos totalmente en desacuerdo con el Ministerio de Economía y, de hecho, el Ministerio de Justicia ha presentado unas alegaciones en las que nos apoya. Además, es incoherente con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que nos otorga más competencias. ¿Cree que el ciudadano desconoce la labor del procurador? Hay que ser autocríticos, eso es una realidad. No sé muy bien por qué motivo no hemos sabido transmitir a la ciudadanía la importancia y el contenido de nuestra labor. Desde los colegios no ha habido ningún tipo de actividad institucional que ponga de manifiesto la tarea del procurador y su importancia. El cliente tiene contacto con el abogado, sabe que nos paga pero no sabe qué hacemos. Eso tenemos que corregirlo. ¿Y qué otros objetivos se ha marcado? Pues la optimización de la gestión colegial, tanto de cara a los colegiados como de carácter público. En especial en el turno de oficio, donde queremos potenciar el servicio telemático para que sea un trabajo más ágil. El servicio de notificaciones también ha tenido una serie de deficiencias que queremos abordar. ¿Cree que la digitalización sigue siendo la asignatura pendiente de la Justicia? El Lexnet es un sistema que su implantación no fue pacífica, pero ahora mismo es muy ágil y eficaz. También dentro del Consejo General de Procuradores se está desarrollando una plataforma telemática para el traslado de copias y estamos trabajando en la presentación telemática de escritos. Es una gran inversión, que supone un ahorro para Justicia. ¿El futuro lleva a la desaparición del papel? Es difícil que desaparezca por completo. Pero sí es cierto que la notificación telemática ya es una realidad, aunque no está implantado en todos los juzgados, que sería lo deseable. En los próximos años veremos cómo se va trasladando a otro tipo de escritos. ¿Están sufriendo los procuradores atrasos en el pago del turno de oficio? Tenemos bastantes atrasos y le solicitamos a la Junta que lo tenga presente, porque hay muchos colegiados que viven del turno de oficio. Necesitamos que sea pagado en tiempo. La eterna pregunta, ¿qué opina sobre la Ciudad de la Justicia? El consejero de Justicia ya dijo que era de ciencia ficción, y siendo realista a corto y medio plazo esto no será posible. Lo que sí creo es que la zona del Prado tiene muchas posibilidades.