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Normas para ser cumplidas

El equipo de gobierno de Sevilla sigue dando vueltas a la futura ordenanza antivandálica que debe castigar ejemplarmente los desmanes que a diario sufre el patrimonio colectivo de la ciudad. La necesidad de lograr el máximo consenso entre todos los implicados para que la norma no acabe en saco roto está fuera de cualquier duda.

el 14 sep 2009 / 23:05 h.

El equipo de gobierno de Sevilla sigue dando vueltas a la futura ordenanza antivandálica que debe castigar ejemplarmente los desmanes que a diario sufre el patrimonio colectivo de la ciudad. La necesidad de lograr el máximo consenso entre todos los implicados para que la norma no acabe en saco roto está fuera de cualquier duda. Por eso, es acertado que, a instancias de una parte del gobierno local se haya revisado muy a la baja el importe de esas sanciones imposibles (750 euros) previstas inicialmente por comportamientos sin duda incívicos pero que merecen una multa más racional que otras faltas mucho más graves. La segunda corrección descarta que los padres deban responder directamente de los daños que causen sus hijos en los bienes colectivos. Con el Código Civil en la mano esa responsabilidad subsidiaria debería estar garantizada. Aunque no tiene porqué ser descabellado que los progenitores respondieran con una fórmula adicional de los destrozos que causen sus hijos de manera más directa. Al margen de cualquier otra corrección al borrador de la ordenanza, consecuencia lógica del consenso que se busca, el objetivo de la misma debe ser único y riguroso: la futura norma debe cumplirse a rajatabla en todos sus apartados. En ningún caso debería seguir el camino de otras sanciones ciudadanas que existen sobre el papel pero nadie parece capaz de aplicarlas con la eficacia suficiente. Se trata en definitiva de poner coto a la sensación de impunidad que muchos ciudadanos tienen en ocasiones ante comportamientos salvajes que atentan contra los bienes públicos, el mobiliario urbano y la convivencia. Ése sí debe ser la única meta del equipo de gobierno. Cualquier intento de descafeinar esa obligación con los ciudadanos debe rechazarse venga de donde venga. Porque si la nueva ordenanza naciera para diluirse habrá supuesto una inútil pérdida de tiempo y recursos municipales y al final los ciudadanos la verán como un fraude totalmente innecesario.

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