La pregunta se refiere a la jornada laboral de 60 o 65 horas propuesta por la Directiva Comunitaria que ha rechazado el Parlamento Europeo. Tal como están las cosas, más parece que lo que ahora se ha votado es un receso para revestir mejor una propuesta que podrá aprobarse pronto en términos muy similares, y las consecuencias de tal medida pueden ser imprevisibles y ninguna buena. La razón del pesimismo está en que se han olvidado las bases ideológicas y el pensamiento social que hizo avanzar el modelo económico hacia cotas más redistributivas, poniendo en el centro del debate político la justicia social como imprescindible para la construcción de la democracia.
Las conquistas sociales, las que se produjeron en el plano teórico y en su realización practica, se han quedado sin valedores, pues hace tiempo que la mayoría de la izquierda renunció a los planteamientos que impulsaron las movilizaciones de la clase obrera en la conquista de su dignidad como personas y ciudadanía, apostando con muy pocos matices por un desarrollismo económico que ha cedido todo su protagonismo a las empresas, en cuyas manos se ha depositado el destino de la crisis. No se cuestiona el modelo, no se reclama el control por los poderes públicos de la actividad económica ligada a la satisfacción de las necesidades más elementales; se ha renunciado a la legitimidad para regular el mercado, o para intervenir en su desenvolvimiento.
Solo, con mucho respeto, se habla y en voz baja de la necesidad de una cierta regulación para dar trasparencia a los mercados financieros y limitar sus desafueros, para que sepamos con antelación lo que nos puede suceder. Y los escándalos, los fraudes, los malos resultados, se suceden en un suma y sigue que no sabemos cómo se va a parar. Y por si fuera poco se quiere arrasar con los pocos vestigios de un pensamiento social que quedan en la memoria colectiva, y así se denigra el mayo del 68 como si fuera en la actualidad un peligro, o se habla de "estadolatría" para descalificar el protagonismo del Estado en otros ámbitos que algo tienen que ver con lo que estamos hablando.
Y tienen que ver porque la cesión del poder económico a los actores empresariales y su reclamación de una jornada laboral en los términos expuestos, no es más que un primer paso hacia un retroceso en lo social en todos sus aspectos. No cabe duda que la ampliación de la jornada laboral a 60 horas -65 para los médicos- supone la pérdida de libertad personal para los trabajadores cuya existencia va estar ligada casi en exclusiva a la actividad laboral, pues si al tiempo de trabajo se le suma el del necesario descanso resulta que se va a tener poca disponibilidad para su desarrollo como personas en el ámbito afectivo, cultural, social... Para las mujeres, la parte más débil, esta medida las terminarán encerrando en sus casas, pues será casi imposible plantear la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, ni su distribución igualitaria, cuando no hay tiempo que repartir.
Es previsible la vuelta a una familia tradicional con una definida construcción de roles de género, y con los hijos al cuidado de la madre, y en la que la libertad personal tiene también poca cabida por falta de tiempo para ejercerla. O, quizás, por ausencia de una formación suficiente para que se haga realidad: la lectura, el acceso a los medios de comunicación o a internet quedará reducido al mínimo. Entonces, nos daremos cuenta que la jornada laboral tiene mucho que ver con la democracia.
Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide.
