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"Nos tranquilizaría que Arenas apoyara las oposiciones andaluzas"

Francisco Álvarez de la Chica espera que el gabinete de Rajoy respete la oferta pública de empleo de Andalucía y deja claro que si el Ejecutivo central pretende que la comunidad prescinda de profesores, "no los vamos a quitar"

el 08 ene 2012 / 19:58 h.

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El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, en un momento de la entrevista.

-¿Qué opinión le merece José Ignacio Wert como ministro de Educación y qué espera de él?
-No le conozco personalmente. Todos los responsables del Ministerio de Educación que he conocido a lo largo de las últimas décadas han manifestado que la educación tiene que ser el escenario de un gran acuerdo de país. Para conseguir esto, es necesario tener propuestas como las que ya han hecho, pero también no imponerlas como dogma. Espero diálogo y colaboración. En los últimos ocho años hemos participado en todos los programas cofinanciados por el ministerio anterior, otras comunidades no lo han hecho, rechazaron las TIC, por ejemplo. Eso nos da mayor autoridad moral para seguir pidiendo esa cofinanciación.


-¿No espera medidas más concretas?
-Espero que aborde tres aspectos fundamentales para la mejora del sistema educativo: la reforma de la formación inicial del profesorado, la selección de los docentes y la carrera profesional. La competencia de las comunidades en estos tres aspectos esenciales es ninguna. El modelo de selección del profesorado no ha cambiado en 30 años y es claramente deficiente. Un ejemplo claro es el déficit de bilingüismo de nuestros docentes. No nos hubiera costado más dinero haberles formado durante los últimos 20 o 25 años en bilingüismo. Recuperar ese tiempo perdido será más costoso y más difícil.


-El paquete de medidas de recortes de Rajoy ha dejado casi intacto el presupuesto educativo. ¿Cree que el PP mantendrá la educación como prioritaria, como sostiene Javier Arenas?
-Las políticas educativas que gestiona el Gobierno de España son importantes, pero la verdad es que son las comunidades autónomas las que soportan el mayor peso de la financiación. En ese sentido hemos visto, en los dos últimos cursos, cómo las comunidades que gobierna el PP han tomado medidas muy duras de recortes, que afectan al sistema educativo y singularmente a la educación pública.


-Yo le preguntaba por el Gobierno central...
-Por ahora el PP no ha hecho ningún ajuste que no vaya a recaer sobre la educación pública. Hemos visto en sus comunidades un incremento significativo del horario del profesorado, reducción de becas, de gratuidad en libros de texto, decisiones para recortar la plantilla de profesores, que es lo que significa aumentar dos horas la jornada...


-¿Sabe si el aumento de dos horas en la jornada laboral de los funcionarios afectará al profesorado? En la referencia del BOE no lo especifica...
-No parece referida a la plantilla docente, creo que afectará a la administración general, pero desconozco el alcance de esa medida para la administración educativa. Yo entiendo que no habrá efectos, a no ser que se cambie el el mínimo establecido por ley de horas lectivas (actualmente 18), y se generalice el modelo de Madrid o Castilla-La Mancha (20).


-Una vez conocida la modificación presupuestaria y el límite de la tasa de reposición para docentes al 10%, ¿qué espera que ocurra con la oferta andaluza?
-Espero que se respete.
-Ustedes han calculado las 2.389 plazas con un límite del 30% de reposición, que ahora es el 10%. ¿No está preocupado?
-No. Nosotros hemos hecho la oferta pública de empleo antes de que el Gobierno plantee esa medida. Mi visión sobre este tema será la misma que el año pasado transmití al Gobierno de Zapatero: que el sistema educativo de cada comunidad tiene unas características que le distinguen, el de Andalucía es el que más crece de España, necesitamos estabilidad de la plantilla. El año pasado planteamos que necesitábamos una oferta de empleo que no hiciera crecer en exceso nuestra tasa de interinidad y, evidentemente, que no nos hiciera recortar la plantilla. Hemos logrado este año un 80% de estabilidad de la plantilla (profesores con destinos definitivos) y queremos alcanzar el 90% en 2012. Para lograr eso necesitamos mantener las tasas de interinidad en el límite al que están ahora (5-6%). Si esa medida de Rajoy lo que busca es que no haya más profesores funcionarios y, como no se les puede despedir a ellos, se despide a los interinos, no estamos de acuerdo.


-Ahora el planteamiento que ha hecho Rajoy y la oferta andaluza parecen incompatibles...
-Hemos hecho los cómputos con las reglas que estaban vigentes en el momento en el que hicimos la oferta pública de empleo. Espero que el Gobierno de España respete lo que ha decidido Andalucía, que por cierto no es sólo la oferta pública de empleo, sino el de no prescindir de profesores. Si lo que quiere el Gobierno es que quitemos profesores, no vamos a quitarlos.


-En cualquier caso, es un tema bastante urgente. ¿No ha tenido contacto con el ministro de Administraciones Públicas?
-No. La oferta pública acaba de publicarse en el BOJA. Ahora el Gobierno tendrá que decidir si la recurre o no. Espero que haya diálogo antes de que tomen una decisión y, hombre, me tranquilizaría que Arenas esté del lado de Andalucía y apoye públicamente la oferta de profesores. Lo que observamos cuando hicimos este debate en los mismos términos el año pasado con Zapatero es que el PP-A no se opuso a que Andalucía sacase la oferta de empleo público que necesitaba.


-Tampoco se posicionó a favor.
-A favor normalmente el PP-A nunca se posiciona. El silencio es su mayor contribución a las medidas educativas.


-¿Hasta qué punto puede influir en Andalucía el vuelco del modelo educativo que pide el PP?
-Conocemos poco por ahora. Ellos estuvieron de acuerdo con la nueva estructura de la ESO. La Ley de Economía Sostenible flexibilizaba el cuarto curso de ESO. Una de las cosas que es necesario saber cuanto antes es si esa medida se va a derogar porque está vigente. Todas las comunidades estamos trabajando en la ordenación, mediante decreto, de esa adaptación. Eso se tarda en planificar y tenemos pocas semanas para que el 1 de septiembre entre en vigor. Sería bueno que el Gobierno hiciera, al menos, un calendario verbal de su horizonte en educación. Parece que plantean la reconversión de 4o de ESO en 1o de Bachillerato, pero no estamos seguros.


-Entre flexibilizar el último año de ESO y convertirlo en el primer año de Bachillerato, ¿hay mucha diferencia?
-Depende. El Gobierno va a mantener la educación obligatoria hasta los 16 años, y eso incluye 1o del nuevo Bachillerato. Pero va a titular la ESO en el tercer año, es decir, va a dar un título de idoneidad a los 15 años, un certificado que acredita que un chico tiene la Secundaria obligatoria superada. La pregunta es: ¿le vamos a obligar a que haga 1o de Bachillerato? Si es así, cuando acabe el primer curso, ¿qué, otro título? ¿De qué le va a servir 1o de Bachillerato si no va a seguir estudiando, porque ya tiene el graduado de ESO?


-El PP tiene previsto recuperar el modelo derogado de la LOCE, la ley de educación de Aznar, que hablaba de itinerarios diferenciados de alumnos...
-Bueno, los itinerarios en el modelo de flexibilización de 4o de ESO que plantea la Ley de Economía Sostenible son adecuados. Pero si en el fondo lo que quiere hacer el PP es volver a aquel esquema que estaba vigente cuando la EGB, según el cual, a los 14 años, los alumnos con mejores calificaciones iban al Bachillerato, y los peores a FP, a eso nos opondremos rotundamente. Si los itinerarios están vinculados a orientar cuanto antes la trayectoria profesional de un niño, de acuerdo. Si lo que quieren es quitar a aquellos que estorban, eso no es un buen camino para España.


-¿La consejería es consciente de que hay institutos andaluces que agrupan a los alumnos en función de su rendimiento?
-No, no hasta donde yo conozco. Eso es responsabilidad inequívoca de la Inspección Educativa, y no debería pasar. Lo que sí hay son, en algunas materias, desdobles, por ejemplo, en inglés. Pero no es algo estructural.


-Cuando se elimine Educación para la Ciudadanía, ¿se han planteado reconvertirla en una asignatura optativa?
-No, de momento no hemos entrado en ese debate. El PP hizo demasiada batalla de este tema, porque como otros temas de derechos civiles, no ha sido capaz de asumirlo desde el punto de vista semántico, sino ideológico. En el fondo parece que están discutiendo más cómo se debe llamar la asignatura que los contenidos, que no los discuten ni los organismos internacionales.


-Desde que se intensificó el plan de consolidación fiscal, todos los departamentos han sufrido recortes. ¿En educación no hay margen para el ahorro?
-No hay mucho margen, excepto la bajada del 5% al sueldo de los funcionarios, que fue muy significativo, porque las retribuciones ocupan el 70% del presupuesto educativo. Pero en otros programas no hay márgenes para el ahorro, no sólo no los hay, sino que además hemos tenido que destinar más recursos, porque la situación económica de las familias ha empeorado, y por tanto las políticas de familia que están vinculadas a la renta de los hogares (comedor escolar, aula matinal, guarderías...) se han visto incrementadas. Hoy hay más niños bonificados que hace cinco años. ¿Ahorro? En educación es difícil. También hemos mantenido los incentivos económicos del plan de calidad, porque era una apuesta educativa que ha funcionado. Buscamos ahorrar en temas de gestión y eficiencia.


-¿Por ejemplo?
-Vamos a cortar de raíz la producción de material didáctico en soporte papel. Todo el material de apoyo al docente que produce la Consejería de Educación pasará a distribuirse a través de un portal en internet. Lo vamos a hacer de inmediato. Eliminar las guías didácticas, informes de los centros, planes educativos...todo ese material, que es voluminoso, desaparecerá en papel. Todavía no hemos calculado el ahorro total, pero lo haremos, porque fabricamos un montón de material desde el inicio al final de curso. Yo soy partidario de acabar con todo el papel para este tipo de instrumentos didácticos, no para los libros de texto, claro. Los profesores reclaman ya el soporte digital, así que no creo que sea sólo cuestión de ahorro, será útil.


-Griñán ha hablado a menudo de un mayor control fiscal, de evitar que algunas familias reciban prestaciones a las que otros tienen más derechos. ¿Se ha detectado esto en educación?
-Estoy totalmente de acuerdo. Todos sabemos que en España hay fraude fiscal. Cuando una persona hace fraude fiscal, es decir, dice que gana menos de lo que gana, empieza a engañar al conjunto del país, pero lo engaña dos veces, primero porque no paga los impuestos que debe, y segundo, porque obtiene unos beneficios que no debe obtener, a través de políticas que están condicionadas a una serie de ingresos, como las bonificaciones educativas. En educación el fraude fiscal no es mayor que en cualquier otro ámbito de la sociedad. Eso se debe combatir, sobre todo en educación. A la gente le puede llamar la atención que una familia que vive con unas condiciones holgadas no pague ni comedor escolar ni guardería...


-Sin embargo, hay ordenadores gratuitos para todos, también para los que más tienen...
-Sí, y libros gratuitos. Y una operación de amígdalas o de cataratas o un trasplante. ¿Por qué siempre el debate de modular los servicios públicos en función de los ingresos se hace en educación? Los ciudadanos ya han pagado sus impuestos en función de sus ingresos, de modo que pueden tener su retorno. Digo yo que el padre del chico que tenga un ordenador y gane 100.000 euros habrá pagado más impuestos que el que gana 10.000, ¿no?


-¿Cree que es necesario subir impuestos para poder costear o mejorar el gasto educativo?
-Un país tiene que tener una política fiscal justa y progresiva. Y eso significa que los impuestos hay que subirlos a quienes más tienen. Si hay que incrementar políticas esenciales como la educativa o salud, no me parece nada mal subir impuestos, pero con justicia, progresividad y combatiendo el fraude.


-¿Es necesario subir el IRPF?
-No sé si el IRPF. Desde luego, de subir el IRPF hay que hacerlo a quien más tiene de forma ilimitada. Lo que hemos conocido de la reforma del IRPF que ha hecho Rajoy supone que el impuesto se soporta de la mitad para abajo de los ciudadanos, que es donde hay más y donde más se recauda. No por cantidad individual, sino cómputo general.


-La escolarización empieza en muy poco. ¿Hay alguna modificación prevista en el decreto de matriculación para este año
-No, no se cambiará el baremo. Los litigios en relación con la escolarización han descendido mucho este año. Los fraudes también han caído, porque ha dado resultado la política disuasoria que aplicamos: los ciudadanos sabían que se exponían a perder todos los puntos para entrar, y no sólo unos pocos, como hasta el año pasado. El decreto ha funcionado bien.


-¿Sabe ya cuántos centros han renovado el Plan de Calidad?
-Prácticamente todos.

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