La Guardia Civil de Algeciras (Cádiz) ha desarrollado una investigación sobre la explotación de piezas de vehículos usados y gestión de vehículos al final de su vida útil que ha dado como resultado la imputación de nueve personas en las provincias de Sevilla, Málaga y Badajoz por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y por falsedad documental. Según explica la Benemérita en una nota, la investigación se ha desarrollado entre enero y septiembre de este año en el marco de la 'operación Trans', que tenía por objetivo esclarecer las posibles irregularidades en la gestión de vehículos al final de su vida útil, considerados como residuos peligrosos. En el transcurso la operación, se ha podido comprobar que empresas de desguace pretendían exportar partes de vehículos usados a países africanos como mercancía, cuando no habían sido descontaminados previamente y, por tanto, debían de ser declarados como residuos. ALERTA EN EL PUERTO DE ALGECIRAS Las mercancías fueron rechazadas para la exportación en el puerto de Algeciras por agentes de Aduanas del Punto de Inspección Fronteriza, al no poder verificar la efectiva descontaminación. Es a partir de este momento cuando los agentes del Seprona iniciaron un seguimiento a la mercancía en territorio nacional al objeto de clarificar el origen de la misma, comprobando que se cometían irregularidades por Centros Autorizados de Tratamientos de Vehículos al Final de su Vida Util. Todo ello dio lugar a la imputación de los responsables de tres de estos centros de la provincia de Sevilla que pretendieron exportar a Nigeria un contenedor con motores usados y otras piezas de vehículos sin descontaminar, con restos de grasas y aceites. De la provincia de Málaga se imputó al responsable de otro centro por los mismos hechos, pero la exportación tenía como destino Ghana. En la provincia de Badajoz se imputó a los responsables de tres centros más, por una exportación que se pretendió llevar a cabo a Egipto. Detalla que en el último caso la mercancía era vehículos completos cortados por la mitad, a los que no se les había retirado los residuos peligrosos y que documentalmente se encontraban de baja. Los imputados fueron acusados de presunto delito de falsedad documental al expedir documentos que certificaban la descontaminación de la mercancía que pretendían exportar cuando no era cierto, y por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Asimismo, señala que, a raíz de esta investigación, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en la provincia de Cádiz había instalaciones que realizaban la actividad de gestor de residuos como Centros Autorizados de Tratamientos de Vehículos al Final de su Vida Util careciendo de autorización de la Consejería de Medio Ambiente y de licencia municipal. Tras realizar numerosas inspecciones, se localizó a tres instalaciones de este tipo que fueron denunciadas ante los organismos competentes por numerosas irregularidades en la gestión de residuos peligrosos.
