Primavera de 2009. Con urgencia Cajasur aprueba un plan para dotarse de liquidez, vía emisiones de deuda, y frenar el incremento de la morosidad crediticia -ya la más elevada de las cajas de ahorros españolas-, que amenazaban los cimientos mismos de una entidad que purgaba sus excesos pasados en el ladrillo. La estrategia se presentó a un Banco de España que, desde años atrás, vigilaba con celo la evolución de las cuentas de la caja, pero no fue suficiente. Los rumores se extienden, la huida de depósitos también y, por vez primera, Cajasur admite la necesidad de abrirse a las fusiones, que otrora rechazara alegando su singularidad eclesiástica.
El primer caballero blanco que tanteó la entidad andaluza fue Cajamurcia, con la que el Cabildo de Córdoba, fundador de Cajasur, encontró especial sintonía. Sin embargo, la Junta de Andalucía, que tutela a las cajas de ahorros que tienen sede social en la comunidad, dijo no a esa operación. No estaba dispuesta al matrimonio interterritorial pues la rescatada quedaría sometida a su salvadora y al margen, por ende, de la Administración autonómica. Tampoco el supervisor creía que era la mejor opción, sino que la concebía en clave andaluza, y sólo con Unicaja -una de las grandes y a la que, por sorpresa, le había denegado la absorción de Caja Castilla-La Mancha, que fue después intervenida- ejecutando el auxilio.
Fallida la alternativa murciana, lo intenta con las otras cajas de ahorros fundadas por la Iglesia -Caja Círculo y Caja Inmaculada-, pero esta unión no hubiera aguantado el agujero que la cordobesa aportaba. Durante la primera quincena de junio pasado, la maquinaria de la fusión con la malagueña se pone en marcha, y ya entonces fuentes cercanas a la cúpula señalaban a este rotativo que el Cabildo "no entregaría tan fácilmente Cajasur".
Dicho y hecho. La noche del 16 de julio las negociaciones saltan por los aires porque la Iglesia, que controla un tercio del consejo de administración de esa caja, quiere negociar compensaciones económicas para sí, al margen de la propia Cajasur. Quería inmuebles, retribución dineraria y poder seguir nombrando altos cargos en la caja fusionada. Un intenso fin de semana de llamadas -entre ellas las del Banco de España advirtiendo de que la opción de Unicaja era la única- y la mediación de la entonces consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, facilitaron un principio de acuerdo con muchos flecos pendientes. Era el pacto del Oriza -el restaurante sevillano en el que se cerró-. Braulio Medel, presidente de Unicaja, salía reforzado, mientras que Cajasur conseguía una sede operativa en Córdoba para gestionar el negocio oriental, dos consejeros, una vicepresidencia ejecutiva y la Obra Social. Nada de ayudas públicas, sino con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas (dinero privado).
Ese pacto exigía un cambio en la Ley de Cajas de Andalucía para ampliar el número de sillones del consejo de administración. Aguayo lo acometió con rapidez, nada parecía que pudiera enturbiar el camino. No fue así. Los curas cajeros montaron en cólera pues esa reforma finiquitaba los privilegios eclesiásticos, la llamada singularidad que el Gobierno andaluz negoció, en 2005, para recuperar la tutela de Cajasur. Corría octubre, la cordobesa deja en al aire la fusión, pero tiene que echarse para atrás. No hay retorno. Las negociaciones entre el presidente de Cajasur, Santiago Gómez Sierra, y Braulio Medel se retoman, pero a duras penas. La desconfianza -cuando no manifiesta antipatía- es total.
Sólo unas semanas después, el plan de negocios de Boston Consulting, que preveía 596 millones de euros de pérdidas para la cordobesa en 2009 -que se han confirmado- y calculaba el excedente laboral en 1.224 personas (de ellas 988 en Cajasur), deparó una pelea tal que llevó al Banco de España a dar un ultimátum. Si esa fusión no se encarrilaba, intervención de la cordobesa el 1 de diciembre.
A partir de ahí, como la seda. El supervisor ordena que Unicaja imponga un coordinador para la unión, y éste entra con amplios poderes en Cajasur. Pero la cuestión laboral, alimentada por la cúpula de la caja, arde y se paraliza el diálogo, mientras Gómez Sierra toma decisiones de relevancia sin conocerlo Unicaja. En Cibeles, donde Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador, tiene el cuartel general, hartos. Ayer lo avisó. Ni una más.
Los cajeros.
Santiago Gómez Sierra vive en los cielos. Fuentes internas de Cajasur indican que, desde hace tiempo, Santiago Gómez sierra, su presidente, se ha tomado la operación como algo personal e incluso, en ocasiones, no ha seguido los dictados de sus superiores, la Iglesia (Cabildo Catedralicio de Córdoba). Sus hombres de confianza, José Rafael Rich y Santiago Cabezas, pertenecen a la vieja guardia, y ha intentado cargar las culpas de las multimillonarias pérdidas de la entidad al director general, Antonio Barral, que lleva sólo un año en el cargo y quien se ha mostrado más a favor de la fusión con Unicaja.
Braulio Medel con el mango de la operación. Desde el primer momento jugó el papel protagonista. Primero, porque era quien acudía al rescate de una entidad, Cajasur, con severas dificultades. Segunda, por el respaldo que tenía de la Junta de Andalucía. Y tercera, porque el Banco de España, además de deberle una -le frustró la absorción de Caja Castilla-La Mancha porque pidió más ayudas al Fondo de Garantía de Depósitos-, dejó claro a la cordobesa que la única alternativa que tenía era el matrimonio con la malagueña o la intervención -e incluso su subasta a trozos-. No obstante, en los últimos días se ha encontrado con que los dirigentes del PSOE le instaban también a él a realizar más esfuerzos para el entendimiento.
La operación.
Fusión en teoría, absorción en la práctica. La operación implica la fusión de Cajasur y Unicaja mediante la creación de una nueva sociedad, paralela a la de esta última con Caja de Jaén, situándose la sede central en Málaga y con una dirección para gestionar el negocio de la Andalucía oriental ubicada en Córdoba. Se colocará como sexta caja de ahorros del país.
La fundación, lo que más querían los canónigos. Los curas obtienen la Fundación que querían, pues seguirán gestionando la Obra Social desplegada por la entidad cordobesa. Se llamará Medina y Salizares, en honor de un obispo franciscano del XVII que trajo el mandato del Papa de crear el Monte de Piedad.
La cuestión laboral.
Cómo aplicar el ajuste de plantilla, la mayoría en Cajasur, para que la entidad resultante de la fusión sea rentable seguirá siendo el caballo de batalla de la operación. Los actuales gestores de la caja cordobesa no quieren que sobre sus espaldas recaiga la responsabilidad de prescindir de casi mil trabajadores, a sabiendas de que la entidad está sobrada de red comercial y de plantilla, y sobran también directivos. Estos excesos, que implican baja productividad y un gasto de personal inasumible, fueron cometidos durante la etapa de Miguel Castillejo, y continuados después.
