Fuentes judiciales informaron de que el juez Javier González emitió el pasado 13 de agosto un auto en el que interpreta el caso de Marta del Castillo a la luz de los acuerdos del Supremo sobre la finalidad perseguida por los presuntos autores del delito, dando la razón a las defensas de los cuatro acusados mayores de edad: Miguel Carcaño, su hermano Francisco Javier Delgado, su novia María García (acusados de encubrir el crimen) y Samuel Benítez.
En el caso de la joven desaparecida el 24 de enero de 2009, el magistrado interpreta que del relato de hechos realizado por la Fiscalía y la acusación particular se deduce que la finalidad principal del asesino confeso, Miguel Carcaño, y de su amigo menor de edad Javier G.M. no fue matar a Marta sino violarla.
Dichos escritos de acusación recogen que los dos autores de la violación le dieron muerte con posterioridad "para impedir que pudieran ser descubiertos los hechos que acababan de llevar a cabo, esto es, las agresiones sexuales", relata el juez en su auto.
Apoya este razonamiento en que, según dichos escritos, a continuación los acusados limpiaron en el piso de la calle León XIII la "sangre y demás vestigios" de la víctima que "provenían no de la muerte violenta, que lo fue por asfixia, sino de las previas agresiones sexuales".
Por ello, concluye el juez que no alberga "ninguna duda acerca de cuál era el objetivo principal de los autores" y por lo tanto acuerda reconducir el caso para su enjuiciamiento ante un tribunal profesional de la Audiencia Provincial, como competente sobre los delitos contra la libertad sexual. El juez tampoco ve "datos que permitan apreciar la posibilidad de un enjuiciamiento separado" de los delitos de asesinato y violación.
Esta decisión del juez se produce cuando el caso Marta ya había llegado a la Audiencia para ser enjuiciado por un jurado, ante el cual la Fiscalía iba a pedir 52 años de cárcel para el asesino confeso por un delito de asesinato y dos de violación: la cometida por él mismo y la que realizó el menor de edad, que será enjuiciado en el Juzgado de Menores.
Fuentes judiciales explicaron que el caso será devuelto ahora al juzgado de instrucción 4 de Sevilla para que dicte auto de procesamiento según los trámites del sumario ordinario, aunque es previsible que la Fiscalía recurra ante el TSJA, como la familia.
Con todo, la Audiencia había respaldado la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 4, Francisco de Asís Molina, de juzgar a los imputados en el crimen ante un jurado popular. La Audiencia argumentó que existe conexión entre los delitos y rechazaron los recursos contra el auto de incoación del jurado, del 2 de septiembre de 2009.
La Sección Primera de la Audiencia respaldó los argumentos de Francisco de Asís basándose también en la "conexión" entre los delitos. El auto explica que el asesinato de la joven se cometió para ocultar la violación. Un argumento que se basa en la doctrina fijada por el TS tras una sentencia (por la muerte de dos policías en Hospitalet) en la que ordenaba juzgar de nuevo a un acusado de violación y asesinato porque el juicio no se celebró con jurado popular. El TS se acogió entonces a un artículo de la Ley del Jurado que dice que aquellos delitos que no son competencia de un tribunal popular, como la violación, pero que se hayan "cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad" serán vistos por un jurado. Incluso el Supremo avaló el jurado popular para el caso Marta en marzo al decidir que prevaleciera el delito más grave.
El magistrado Javier González admitió que el caso ha sufrido una tramitación "prolongada por compleja, pese a los esfuerzos del juez instructor", con varios "avatares", como la recusación de cuatro magistrados. Además, defiende que su decisión (en agosto para "evitar más retrasos") impedirá "futuras anulaciones".
