El presidente de EEUU, Barack Obama, dejó ayer la puerta abierta a posibles imputaciones de altos cargos del Gobierno de George W. Bush que autorizaron el empleo de técnicas de interrogación coercitivas contra sospechosos de terrorismo.
Obama reiteró a la prensa su oposición a que se abra un proceso judicial contra los funcionarios de la CIA que aplicaron esas técnicas a los detenidos, pero dejó en manos del fiscal general la decisión sobre un posible enjuiciamiento de aquellos que autorizaron con argumentos jurídicos prácticas como la asfixia simulada. El mandatario estadounidense explicó que "con respecto a aquellos que formularon esas decisiones jurídicas, diría que eso será más una decisión para el fiscal general dentro de los límites de varias leyes y no quiero emitir un juicio anticipado".
Así, Obama deja en manos del secretario de Justicia, Eric Holder, la decisión sobre la viabilidad jurídica de un posible proceso judicial contra aquellos altos cargos de la administración del ex presidente George W. Bush implicados en la polémica sobre las torturas practicadas a sospechosos de terrorismo.
Por otro lado, tras reunirse en la Casa Blanca con el rey Abdalá II de Jordania, Obama afirmó que espera ver "gestos de buena fe" en los próximos meses tanto por parte de los palestinos como de los israelíes, para así poder seguir avanzando en el proceso de paz en Oriente Próximo. También señaló que hay que presionar por la solución de los dos estados, uno israelí y otro palestino, coexistiendo en paz.
