El presidente de EEUU, Barack Obama, continúa intentando normalizar la siempre difícil relación de su país con Cuba. Ayer, al igual que sus predecesores Bill Clinton y George W. Bush, suspendió por seis meses una parte de la ley Helms-Burton, de 1996, que pretendía reforzar el embargo.
Con esta decisión, Obama siguió la línea de sus antecesores de suspender cada seis meses la sección III de esta ley, que aboga por "detener" las inversiones extranjeras en Cuba y por la protección de las propiedades de ciudadanos estadounidenses expropiadas por el régimen cubano.
Obama, desde que tomó posesión el pasado 20 de enero, ha tenido ya varios importantes gestos con el régimen castrista para poner fin a un bloqueo que dura décadas sin que ningún presidente estadounidense haya conseguido normalizar del todo las relaciones entre los dos países americanos. Estados Unidos y Cuba no mantienen relaciones diplomáticas desde 1962, cuando Washington estableció un embargo total contra la isla bajo gobierno comunista.
Con el objetivo de ir suavizando dicho bloqueo de forma paulatina, el máximo mandatario de EEUU anunció el pasado mes de abril el levantamiento de las restricciones a los viajes de familiares y a los envíos de remesas a Cuba, que Bush había restringido durante su mandato. A cambio, el presidente estadounidense indicó que esperaba que el régimen cubano -ahora liderado por Raúl Castro- diera "señales claras" hacia la democratización y la liberación de los presos políticos.
Poco después, la Organización de Estados Americanos admitía a Cuba como nuevo miembro pero un día después del visto bueno, el régimen cubano se desmarcó con unas declaraciones en las que afirmaba que no le interesaba "pertenecer al organismo que le excluyó hace 47 años por sus vínculos con el bloque socialista. Para La Habana, lo sucedido no es sólo una victoria suya, sino de toda la región".
Además, desde mayo, funcionarios del departamento de Estado y representantes del Gobierno cubano han mantenido una serie de reuniones preliminares. De hecho, el pasado martes en la sede de la ONU en Nueva York, se celebraron conversaciones entre los dos países acerca de inmigración, las primeras desde 2003 y que ambas partes calificaron de "positivas". Las reuniones se centraron en las maneras de lograr que el flujo migratorio bilateral sea en el futuro seguro, legal y ordenado. También, el jefe de la delegación cubana, el viceministro de Exteriores Dagoberto Rodríguez, propuso celebrar la próxima ronda de conversaciones migratorias el próximo diciembre, en La Habana. El diálogo entre los dos países fue interrumpido por la administración Bush en enero de 2004. Cuba también ha propuesto esta semana el restablecimiento de las negociaciones sobre el envío postal entre ambos países, suspendido desde hace varias décadas.
La nueva medida entrará en vigor partir del 1 de agosto y se centrará en la suspensión de la sección III de la ley sobre el embargo a Cuba, según informó ayer la Casa Blanca. En su mensaje enviado a los dirigentes de comités de Relaciones Exteriores y de Asignaciones en el Senado y en la Cámara de Representantes, Obama dijo que esta suspensión "es necesaria para el beneficio de los intereses nacionales de EEUU y adelantará una transición a la democracia en Cuba". La llamada Ley de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba, y conocida como Ley Helms-Burton por los legisladores que la patrocinaron, consolidó leyes y decretos anteriores que habían ido conformando el embargo unilateral.
Los gobiernos de Canadá y de México han promulgado leyes para contrarrestar dicha ley. Por su parte, la Unión Europea ha declarado que las estipulaciones extraterritoriales que contempla no pueden aplicarse dentro de las fronteras de los Veintisiete.
Cuando Bill Clinton firmó esta ley en 1996 proclamó. "Enviamos un poderoso y unificado mensaje a La Habana. El clamor del pueblo por la libertad no debe ser denegado". Entonces, el portavoz de la Fundación Cubano Americana, José Cárdenas, destacó de la nueva normativa que frenaría "las inversiones las inversiones extranjeras en Cuba". Es más, el documento permitía a los ciudadanos americanos demandar en EEUU a todas las compañías e individuos extranjeros que se beneficiaran de propiedades confiscadas por el Gobierno cubano desde el 1 de enero de 1959, y prohibía la entrada de dichas personas a EEUU.
