El Gobierno del estadounidense Barack Obama ha detectado la presencia de diez empresas malagueñas en una presunta trama de apoyo al cartel de Cali (Colombia), el emporio del narcotráfico por antonomasia en todo el mundo por volumen de droga en el mercado y por dinero generado, más de 250 millones de euros anuales en su peor año. Según informa el Ministerio del Interior, el Departamento del Tesoro de EEUU ha impuesto sanciones a una red de 14 personas y 25 firmas de España, Holanda y Colombia por su vinculación a estos narcos, que implican la congelación de los activos de las empresas y particulares en suelo estadounidense y la prohibición de hacer transacciones a entidades financieras del país.
La rama andaluza de esta red pivota sobre dos empresarios, Laureano Ramos Rodríguez y Marco José Fernández Montero; entre las empresas implicadas destacan General de Obras y Alquileres y Proyecto Empresarial Costa Arena, en Marbella, y Gestión de Administraciones SIP, Laureano Ramos Gabinete Técnico, y Patrimonio de Gestión y Administración SIP, con sede en Fuengirola. Todas ellas han sido incluidas en la llamada Lista Clinton de "traficantes de narcóticos especialmente señalados", en la que EEUU tiene 3.000 registros.
El Tesoro norteamericano sospecha que los malagueños estaban conectados con el colombiano Hernando Mejía Uribe, el enlace entre los tres países, que era uno de los hombres fuertes del cabecilla del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela. Mejía ha implicado a los empresarios andaluces tras su detención en febrero de 2009 -junto a los hijos de Orejuela- por blanqueo de dinero. Las firmas de Ramos y Fernández habrían servido igualmente para esconder y blanquear dinero generado por los estupefacientes.
