En el lenguaje cinegético que últimamente se ha puesto de moda, se puede decir que los trabajadores están en el punto de mira. Primero fueron los empresarios madrileños, después el gobernador del Banco de España, y ahora la patronal. A falta de una reflexión en profundidad sobre el modelo económico y ante el fracaso de las medidas que se han ido adoptando para salir de la situación de crisis, se busca el remedio en el abaratamiento del despido y en la duración de los contratos, además de otros recortes de los derechos laborales.
A decir verdad, el llamado coste social siempre ha sido un objetivo de la clase empresarial, que como un ronroneo acompaña cualquiera de sus intervenciones sobre aspectos económicos, que en momentos de dificultades económicas deja de ser la música de fondo para convertirse en la letra de la canción. Y éste es uno de ellos, así que, por qué no, centrar el debate en los trabajadores.
Parece que éstos o, más bien, los derechos de los que gozan, constituyen una prebenda de la que se puede prescindir en épocas de crisis, pues siendo los trabajadores imprescindibles para que funcione la economía, al menos la economía productiva, las retribuciones que les corresponden o los derechos que tienen son perfectamente prescindibles.
El modelo se asienta entonces en la idea descabellada de que la situación óptima es aquella en la que el empleador solo paga un salario, y a ser posible el más bajo, por el trabajo desempeñado, y los demás derechos no son sino concesiones graciosas, favores que han tenido que hacer por la presión de los sindicatos, pero perfectamente reversibles cuando las condiciones cambian a peor.
El otro día un representante de la patronal se arrogaba en la televisión el monopolio en la creación de la riqueza. Desde esta óptica se comprende, aunque no se comparta, que se cargue ahora contra los trabajadores. Según este punto de vista, el desarrollo y el progreso de un país se haya exclusivamente en sus manos, y si las cosas son así es a ellos a los que hay que pedir explicaciones, a los que hay que exigir que den cuenta de la utilización del capital del que han gozado y se han beneficiado.
Y así resulta que mientras un trabador ha de demostrar su aptitud para el puesto laboral al que se le contrata, ha de poner de relieve su pericia y conocimiento de las tareas que se encargan -siendo así que se le da un tiempo para que convenza sobre su idoneidad, pudiendo ser despedido si no desempeña su trabajo a gusto del que le emplea- resulta que para ser empresario no se requiere nada, no se exige ninguna formación sobre el negocio a realizar, no tiene que estar a prueba para demostrar que tiene condiciones para involucrar a otros, a los trabajadores, en una empresa de la que él es el principal beneficiario.
Frente a ello se dice que el empresario es el que arriesga su dinero, que lo pone al servicio de la sociedad, pudiendo perder cuanto tiene si el negocio sale mal. Pero ocurre que en demasiadas ocasiones el dinero que invierten no es suyo, es un préstamo bancario cuyo coste repercute en la empresa. Además, la responsabilidad por las decisiones que toman en la dirección del negocio se limita a la sociedad que convenientemente han creado, y así los muebles quedan a salvo. Si algo ocurre, se cierra la empresa, y a empezar de nuevo. Entre tanto, los trabajadores, que solo cuentan con sus habilidades y conocimientos, van al paro y a esperar una nueva oportunidad.
Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide.
