Local

Obligados a dar más con menos

Los ayuntamientos reducen ingresos pero los ciudadanos piden servicios.

el 30 ene 2010 / 20:19 h.

TAGS:

Protesta de vecinos de Palomares del Río (Sevilla) por despidos en el consistorio.
Unos ingresos excesivamente dependientes de las licencias urbanísticas, impuestos que ahora cuesta más que nunca cobrar, servicios que hay que dar a los ciudadanos aunque en teoría competan a otras administraciones, plantillas más basadas en fines electorales o redes clientelares que en las necesidades reales, mala gestión... Son algunos de los argumentos esgrimidos como causas de la situación económica de los ayuntamientos andaluces en la que sí hay coincidencia: las arcas están al límite.

"El problema es que se han dado todas las circunstancias al mismo tiempo, si se hubieran dado progresivamente los municipios hubieran ido solucionándolo, pero con todas a la vez se ha encendido la luz roja", afirma el presidente de la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la Federación estatal de Municipios y Provincias , el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes (PSOE).

Arahuetes destaca el descenso de la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado, la continua asunción de competencias impropias para no dejar de prestar servicios a los ciudadanos y la reducción que la crisis financiera ha traído a la recaudación de impuestos en general. Casi la mitad de esta recaudación procede del IBI y, aunque "no todos los ayuntamientos han vivido estos años del ladrillo", sí reconoce que en los últimos ejercicios en algunos el impuesto sobre construcciones lo superó, "cuando no es lo normal".

Pero el presidente del Consejo estatal de Colegios de secretarios, interventores y tesoreros de la administración local , Eulalio Ávila, asegura que el problema de la financiación municipal existía ya antes de la crisis "por la estructura de sus ingresos, insuficientes para cubrir las demandas que tienen que satisfacer". De hecho, el consejero mayor de la Cámara de Cuentas andaluza , Rafael Navas, afirma que tienen una "deficiencia crónica" que se remonta incluso a "antes de la democracia". "Con la Constitución, las comunidades autónomas nacieron como nuevos entes públicos que tomaron parte de la financiación general pero nunca se abordó la financiación local", puntualiza.

Ávila subraya que los ayuntamientos son "la administración más próxima al ciudadano y no pueden dejar de prestar servicios a los vecinos, a quienes no les importa de quién sean las competencias. Muchos de esos servicios se nutren de subvenciones de las comunidades autónomas, que se han reducido, pero ellos tienen que seguir prestando los mismos servicios". Por ello, Navas ve necesario plantearse hacer una lista cerrada de servicios que se deben prestar, ya que "cuando hay más dinero, por la lógica demanda de los ciudadanos, se crean nuevas necesidades que después son difíciles de retrotraer". Además, los ayuntamientos "asumen un papel que en algunos casos les viene grande, como orientar la política económica de su zona. Se crean sociedades de promoción de empresas y demás que después resultan un rotundo fracaso y quedan completamente inactivas", lamenta.

¿Quién controla? Ninguno cree que se pueda hablar en términos generales de mala gestión, aunque no obstante el presidente del Consejo de interventores reconoce que en la fiscalización de los municipios subyace un problema: "el controlador depende del controlado". Aspira a que los desarrollos autonómicos del Estatuto del Empleado Público dejen la capacidad sancionadora de los tesoreros e interventores municipales en manos de las comunidades en vez de los ayuntamientos. "Si no, siempre tendremos la espada de Damocles de que si no informas como quieren o si ejerces un control férreo te puedan incoar un expediente disciplinario o penalizar", reconoce.

En este sentido, el responsable de la Cámara de Cuentas ve necesario modernizar y homogeneizar los instrumentos de fiscalización de los entes municipales, sobre todo la externa, pues reconoce que "los municipios más pequeños abandonan más esa cuestión, rinden cuentas con menos periodicidad o no lo hacen. Mientras en los más grandes es normal que el control interno sea un servicio separado de la contabilidad, en los pequeños no tanto". Navas reconoce que este organismo hace la fiscalización que puede pero "faltan medios para llegar a 771 municipios" y aboga por imponer auditorías periódicas, aunque sean supervisadas por la Cámara, con más o menos periodicidad en función del tamaño de la localidad. La Cámara investiga e informa, pero sus competencias llegan hasta donde llegan, de ahí que pida una asistencia externa.

Tampoco creen que sea generalizada una mala planificación de recursos humanos o un sobredimensionamiento de las plantillas por intereses electorales o clientelismo, aunque pueda haber casos. Arahuetes concede que "con motivo del boom inmobiliario algunos contrataron más personal del que necesitan ahora" y Ávila apunta que "a veces se produce un sobredimensionamiento por buena fe, para reducir el paro, otras para colocar gente, pero también es que son el último eslabón y si contratan personal para servicios subvencionados por la comunidad, cuando pasan tres años tienen que hacerlos fijos, aunque desaparezca la subvención". No obstante, la Cámara de Cuentas señala que el gasto de personal supone aproximadamente entre el 30 y el 35% del presupuesto de un ayuntamiento y esa cifra no ha sufrido muchas alteraciones en los últimos años.

En lo que coinciden los expertos es en que la cultura del ahorro en épocas de bonanza no está instaurada en el municipalismo. De ahí que ante una crisis como ésta, no pase mucho tiempo sin que tengan problemas para pagar a proveedores e incluso las nóminas de sus empleados hasta el límite de plantear Expedientes de Regulación de Empleo.
"No somos entidades para ahorrar dinero sino para prestar servicios. Los municipios no están nunca al 100% de su capacidad y si tenemos dos pesetas no las ahorramos, mejoramos los servicios. Otra cosa es el despilfarro y qué se entiende por tal" afirma Arahuetes, para quien la clave está en delimitar las competencias locales y dar participación a los ayuntamientos también en los recursos de las comunidades, por lo que aplaude la iniciativa "pionera" de las leyes locales en Andalucía.

Ávila va más lejos: "el ahorro en los municipios incluso está penalizado electoralmente. Puede haber menos endeudamiento pero el superávit se ve como incapacidad de gestionar y si llega otro equipo, se gastará lo ahorrado y el mérito de lo que se haga se lo llevará el nuevo".

  • 1