El mismo día en que expiraba el plazo de alegaciones al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), la Consejería de Obras Públicas anunció su ampliación hasta el 15 de enero. Partidarios y detractores del documento tienen desde el miércoles otras tres semanas para presentar sus propuestas a la aprobación inicial.
El objetivo, según un comunicado de Obras Públicas, es facilitar "la máxima participación de la sociedad y de las instituciones en el proceso" ya que la intención de la Junta es hacer del Potaus "el motor económico y de modernización" del área metropolitana de Sevilla. En él se invertirán 4.174 millones. Lo cierto es que en este tiempo muchos los municipios han anunciado que alegarían y todavía el miércoles algunos ultimaban sus propuestas.
Ya a finales de octubre, 29 ayuntamientos trabajaban en la elaboración de las alegaciones que, en su mayoría, aspiraban a optar a áreas de oportunidad residenciales que les permitan crecer por encima de los parámetros que establece el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y que limita al 30% el crecimiento de la población y al 40% el del suelo en un plazo de ocho años.
De prosperar todas las alegaciones a las 15 áreas residenciales que ya se contemplan en el Potaus, serían 9.000 las nuevas viviendas que se proyectarían en el área metropolitana. Algunos de los municipios que aspiran a albergarlas son Alcalá del Río, la Algaba, Bollullos de la Mitación, Camas, Carmona, Dos Hermanas, Utrera, Espartinas y Los Palacios y Villafranca.
Precisamente en relación a las áreas residenciales, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco) registraron el miércoles en Obras Públicas 30 alegaciones al Potaus con el objetivo de adecuarlo al Pacto Andaluz por la Vivienda, rubricado ya por la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
En concreto, la CES y Gaesco han pedido que se utilicen criterios de densidad poblacional por vivienda del orden de 1,2 personas -tanto en viviendas protegidas como libres- porque consideran que la ratio de 2,7 habitantes por casa que establece el Potaus no se corresponde con los hogares actuales, formados en muchos casos por una sola persona. También demandan que se revisen los precios de venta de las viviendas protegidas y la supresión de la regulación que interfiere en normativas sectoriales específicas como la protección de la red viaria de carreteras, campos de golf o alojamientos turísticos.
También esperó hasta el que se creía era el último momento la plataforma Valencina Habitable, que resgistró un documento de alegaciones "que consta de 90 folios". Eso sí, tras conocer la ampliación del plazo por parte de la Consejería, desde la plataforma adelantaron que se reservan "el derecho de presentar un anexo al documento". Al igual que otros colectivos ciudadanos y ecologistas, Valencina Habitable ya mostró su rechazo al crecimiento residencial que ampara el Potaus y alerta en uno de sus blogs en internet de un posible "tsunami urbanizador".
La Asociación Ecologista Alwadi-ira alegó también al documento para que se incluyan en el Sistema de Espacios Libres del Potaus seis espacios naturales ubicados en la comarca de Los Alcores como el área de Gandúl. En este mismo sentido, Ecologistas en Acción mostró su desacuerdo con el número de áreas de oportunidad (48) y ven demasiada presión sobre el medio ambiente. Además, la formación alertó que sirven sólo para eludir las restricciones del POTA.
La puja por zonas industriales de carácter metropolitano centra otro buen número de las alegaciones que se han ido presentando estos meses. Así, localidades como Bormujos (que solicita la ampliación del Pétalo junto a Gines y Espartinas), La Algaba, Benacazón, Castilleja del Campo, Gerena, Utrera, Valencina de la Concepción o Villamanrique de la Condesa -con la Ciudad del Caballo- aspiran a polígonos industriales o zonas productivas.
Alegaciones como la de Castilleja de la Cuesta, que pide una circunvalación alternativa a la autopista A-49, las de Aznalcazar y Benacazón (que quieren convertir en áreas de oportunidad sus campos de golf), y otras que contemplan caminos rurales, centros comerciales o transportes dan una idea de la labor a la que se enfrentará Obras Públicas a partir del 15 de enero si quiere aprobar el Potaus en el primer trimestre de 2008 tal y como anunció.
