El centro intercambiador de mercancías del Bajo Guadalquivir ya tiene por fin aprobados sus accesos por carretera. La delegada provincial de Obras Públicas, Salud Santana, hizo entrega del proyecto al alcalde de Utrera, Francisco Jiménez (PA), en el transcurso de una reunión en la que abordaron este asunto. Elaborado por Salvador Barrio López y dirigido por Enrique Álvarez, el citado proyecto cuenta con un presupuesto total de 551.407 euros y viene a resolver la conexión entre la ronda de circunvalación (A-375) y la ruta Utrera-El Torbiscal (A-8030), conocida como Carretera de las Alcantarillas.
En relación a los aspectos técnicos, la obra incluirá dos ejes, denominados 1 y 2, tal y como adelantó este diario. El primero de ellos dispondrá de un carril de aceleración de 100 metros, en la A-375, en dirección a las poblaciones de Los Molares y El Coronil, con un ramal de 77 que conectará con la A-8030. Mientras, el segundo eje contará con un ramal de subida a la A-375 de 80 metros. En ambos casos, la pendiente máxima será del 6% y la sección de calzada contempla cuatro metros con arcenes de uno, según el documento.
El primer edil considera que este proyecto "es realmente una primera fase, que en futuro se deberá complementar con un acceso similar que discurra desde Utrera en dirección al cruce de El Torbiscal, sobre la carretera A-8030". En cualquier caso, se mostró satisfecho con la redacción de este proyecto porque, "al menos con esta primera fase, ya se está dando viabilidad al centro logístico", incluido en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) como área de oportunidad. De hecho, es de las pocas áreas de oportunidad del citado documento que ya cuenta con inversores dispuestos a poner el dinero y empezar a desarrollar el suelo.
El alcalde se reunirá en los próximos días con los promotores del centro logístico para entregarles el proyecto y hablar de aspectos como la financiación, de la que por ahora nadie se hace responsable, con la intención de que las obras se inicien cuanto antes, ya que para los inversores era vital contar con estos accesos. En este sentido, el regidor recordó que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Utrera "esta obra figura como competencia exclusiva de la Junta de Andalucía y debería ser la que hubiera acometido tanto la redacción del proyecto como su ejecución". Sin embargo, la Consejería de Obras Públicas no asume por el momento la ejecución, sólo el proyecto.
El pasado mes de julio, el alcalde avanzó la respuesta afirmativa de la Junta de Andalucía a que se acometiera dicho proyecto, que en ocasiones anteriores había contado con una falta de voluntad. Ya entonces, el regidor calificó ese anuncio como una "gran noticia" porque esto significa que el centro logístico "se va a desarrollar, ya que la clave para que esta infraestructura pueda despegar y ser una realidad es que tenga un acceso a través de la ronda de circunvalación". Por aquel entonces, los promotores ya habían presentado en el Ayuntamiento de Utrera los proyectos de urbanización y reparcelación de las 47 hectáreas sobre las que se extenderá dicha instalación.
"La urbanización está prevista a lo largo de dos fases, siendo la primera de ellas la situada junto a la fachada que da a la carretera, de ahí que sea tan importante tener listo un acceso al lugar", comentó el alcalde, quien señaló que "ya hay algunos clientes interesados en instalarse en este centro logístico".
La creación del mismo echó a andar en 1999, cuando se planteó la conveniencia de establecer una instalación de esta envergadura, no siendo hasta el año 2003 cuando se presentó el proyecto en la ciudad. Con una inversión en su conjunto superior a los 100 millones de euros, durante el periodo de construcción del centro logístico se prevé la creación de 350 empleos directos, con un impacto económico de 10 millones de euros al año. Una vez a pleno rendimiento, está prevista la generación de 1.000 empleos, a los que habría que añadir otros 500 puestos de trabajo indirectos en el área próxima de influencia, lo que significará un empleo total de 1.500 personas con un impacto económico anual de entre 30 a 35 millones de euros. Para el Bajo Guadalquivir es todo un aliciente en vista del declive experimentado por la agricultura los últimos años.
