El Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla ha condenado a la alcaldesa de Aguadulce, Isabel Ortiz (PSOE), a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y al pago de una multa de 4.050 euros por un delito contra la ordenación del territorio en la modalidad de prevaricación funcionarial urbanística, ya que en 2006 otorgó a un compañero de partido una licencia para la construcción e instalación de naves para ampliar una granja de engorde de pavos de forma "ilegal" y "en contra del dictamen preceptivo" del arquitecto y la secretaria municipales. No obstante, la regidora anunció que recurrirá la sentencia y que este martes irá "al Ayuntamiento a primera hora, como cualquier otro día", pese a las peticiones de dimisión de PP e IU.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez pone de manifiesto que, en el presente caso, "el incumplimiento de la normativa urbanística resulta indiscutible", pues la alcaldesa otorgó la licencia "de modo flagrante y patentemente arbitrario, con un olvido completo de la función pública urbanística y bajo un concepto mercantilista y pretendidamente social de la misma, en el mejor de los casos, que está por completo proscrito del ordenamiento urbanístico".
"Es patente que la concesión de la licencia está fuera de la dinámica legal y reglamentaria, y que se hace a persona vinculada de forma especial con la acusada, pues es un hecho cierto y reconocido que el beneficiario era el que poco después fue compañero de candidatura y concejal", prosigue la sentencia, que añade que la alcaldesa era conocedora "de estar actuando en discordancia con la norma cuyo cumplimiento era ella la primera obligada a cumplir y hacer cumplir".
Las diligencias contra la alcaldesa se incoaron después de la querella interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, que en el acto del juicio oral solicitó para la acusada nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que la acusación popular pidió un año de cárcel y diez años de inhabilitación. De su lado, la abogada de la procesada solicitó la libre absolución.
La alcaldesa, Isabel Ortiz, señaló que recurrirá el fallo a una instancia superior, dado que no es firme y considera desproporcionada la condena "por ampliar una granja de pavos". "No se cuánto tiempo durará este proceso, pero recurriré hasta la última instancia", indicó la alcaldesa. Mientras, la oposición, tanto PP como IU, nada más conocer la sentencia, pidió la inmediata dimisión de la regidora.
Joaquín Benítez, alcalde de Aguadulce por IU entre 2007 y 2011, reclamó que Ortiz renunciara "inmediatamente" a su cargo por no tener ya autoridad para gobernar. Benítez fue quien elevó los hechos a la Fiscalía y promovió la personación del Consistorio cuando era alcalde. De forma similar se pronunció el PP, que quiso asocial este caso a "la larga lista de socialistas imputados, condenados o involucrados en asuntos judiciales".
