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Ocho años por un puesto

El TC ordena revisar de nuevo la selección para nombrar un profesor

el 26 oct 2010 / 19:29 h.

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A los ocho años de comenzar una batalla judicial para recuperar una plaza de profesora asociada de la Universidad de Sevilla, ha logrado que el Tribunal Constitucional (TC) le dé la razón y, por tanto, el amparo que había solicitado. Sin embargo, este éxito tardío sólo le va a servir para poder iniciar de nuevo un proceso judicial con el que intentar alcanzar el puesto que en marzo de 2002 le fue otorgado para, nueve meses después, perderlo porque la selección fue impugnada.

 

Según consta en la sentencia del Constitucional, a la que tuvo acceso este periódico, el 12 de marzo del citado año la comisión de contratación de la Facultad de Filología formuló propuesta de adjudicación de la plaza de profesor asociado (lector de lengua extranjera, área de conocimiento: filología italiana) para G.M.

Sin embargo, dicho acuerdo fue impugnado con posterioridad por otros candidatos que participaron en la convocatoria. El Rectorado de la Hispalense estimó parcialmente el recurso el 13 de diciembre de 2002, por lo que se ordenó retrotraer el procedimiento al momento de la selección, marcándose una serie de indicaciones sobre la valoración de los méritos de los diferentes concurrentes.

La candidata elegida en un principio comenzó entonces un periplo judicial, al interponer una demanda en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo contra las resoluciones dictadas por la Hispalense. Sin embargo, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Sevilla, con fecha 21 de julio de 2003, desestimó la demanda "por ausencia de pretensión material".

El siguiente paso en el camino fue acudir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ante el que se recurrió el fallo judicial de los juzgados sevillanos, en el que no se había entrado a valorar el fondo de la cuestión por parte del magistrado. El caso estuvo parado más de tres años en el Alto Tribunal andaluz, que el 30 de noviembre de 2006 confirmó íntegramente la sentencia anterior. La Sala de lo Contencioso consideró que G.M. "sigue sin explicar qué es lo que desea que declare o realice el tribunal, solicitando sólo en términos genéricos la revocación de la sentencia, pero sin ningún otro pronunciamiento que lo reemplace, por lo que el tribunal se ve imposibilitado de acceder a una pretensión inexistente".

La recurrente acudió entonces al Tribunal Constitucional reclamando el amparo. En su recurso, alegaba "la vulneración de su derecho de acceso a la jurisdicción" ante las dos resoluciones judiciales que no entraron a valorar su caso. Además, insistía en que "su pretensión se deduce de forma inequívoca del cuerpo de la demanda, en concreto, la anulación pura y simple de las resoluciones del Rectorado de la Universidad de Sevilla". El escrito, también señalaba que el TSJA "comete una nueva lesión, al atribuir a su escrito de apelación el mismo defecto que se imputó a la demanda".

En el proceso, se personó la Hispalense que solicitó la denegación del amparo, al estimar que en el escrito de demanda "debe señalarse con claridad, los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones". El Ministerio Fiscal, en cambio, se mostró partidario del amparo, al compartir los argumentos de la demandante. Finalmente, el TC consideró que la denegación del recurso "no puede sino calificarse de una decisión excesivamente rigorista y formalista que produce unos efectos desproporcionados".

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