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Ocho detenidos, entre ellos el exalcalde de Alcaucín, por modificación fraudulenta del catastro

Son funcionarios de segunda  categoría, como máximo, relacionados con el catastro tanto en  Diputación como en Hacienda.

el 13 mar 2012 / 10:24 h.

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La Guardia Civil ha detenido este martes a ocho personas, entre  ellas al exalcalde de Alcaucín (Málaga) José Manuel Martín Alba, y ha  imputado a otras siete en relación con la supuesta modificación  fraudulenta del catastro, operación en la que también se han  practicado diversos registros y que estaría relacionada con el caso  'Arcos', contra la presunta corrupción en dicho municipio malagueño.

Según han informado desde el instituto armado, "hacían creer a los  ciudadanos interesados en la adquisición de suelo, principalmente  extranjeros, que sobre las parcelas que compraban se podía construir  de manera legal, cuando en realidad se trataba de parcelas no  urbanizables". La operación, denominada 'Tristán', sigue abierta, por  lo que no se descartan nuevas detenciones.

A los arrestados se les imputan inicialmente, entre otros, varios  delitos de cohecho, falsificación de documento público, falsificación  de certificado emitido por facultativo, tráfico de influencias,  prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y estafa,  según han manifestado desde la Guardia Civil a través de un  comunicado.

Martín Alba, que ya fue detenido al inicio del caso en febrero de  2009, ha sido arrestado en su domicilio en Alcaucín. Además, ha sido  detenido el que fuera jefe del Servicio de Arquitectura de dicha  institución José Francisco Mora, cuando iba a su trabajo en la  Diputación, el cual también fue arrestado como el anterior, según han  indicado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Los otros arrestados son un funcionario del Patronato de  Recaudación Provincial de la Diputación de Málaga, dos exfuncionarios  de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga, el exsecretario  municipal de Alcaucín, un promotor y un abogado o asesor jurídico,  que también consta ya imputado en la causa.

REGISTROS E INVESTIGACIONES

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil  registran desde esta mañana las dependencias de la Gerencia  Territorial del Catastro, ubicada en la segunda planta del edificio  de Hacienda, que ha sido cerrada al público; del Patronato de  Recaudación Provincial de la Diputación, un archivo catastral ubicado  en la calle Cristo de la Epidemia, un bufete de abogados y domicilios  de detenidos.

La investigación ha permitido desarticular una supuesta trama  "compuesta por funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro  de Málaga y del Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación  de Málaga, los que, coordinados por un abogado, modificaban las bases  de datos del Catastro, con la finalidad de introducir en las mismas  información falsa o cuando menos engañosa", según han explicado.

De esta manera, daban "cobertura legal a la construcción de  edificaciones sobre suelo no urbanizable". Además, según han  informado desde la Guardia Civil en el comunicado, a cambio de estas  presuntas irregularidades de las bases de datos catastrales "varios  de los funcionarios habrían recibido comisiones ilegales".

La operación está siendo llevada a cabo por agentes del Grupo de  Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia  Civil (UCO) con el apoyo de la Comandancia de Málaga, todo ello bajo  la dirección de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de  Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, que instruye el caso 'Arcos' y  que ha autorizado tanto los registros como las detenciones. También  se ha contado con la colaboración de la Dirección General del  Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

CASO 'ARCOS'

La operación policial del caso 'Arcos' se llevó a cabo el 27 de  febrero de 2009 y se saldó inicialmente con 13 detenidos, entre ellos  el exalcalde de Alcaucín y el arquitecto de Diputación, quienes  estuvieron en prisión varios meses y salieron en libertad tras pagar  una fianza de 120.000 euros. Además, han ido a declarar varias veces  por esta causa, que suma ya más de 50 imputados.

Las primeras investigaciones apuntaban a la existencia de un  supuesto "entramado de personas y sociedades" para "lucrarse de forma  ilícita mediante negocios urbanísticos". Tras el análisis de la  documentación intervenida, se han investigado varias tramas  relacionadas con promociones o constructores concretos, aunque la  instrucción se ha extendido a gran parte de proyectos urbanísticos en  dicho municipio.

El exregidor de Alcaucín defendió que tenía ingresos "como  alcalde, artista y albañil", pero no como mediador en compraventas,  aunque los investigadores hallaron ingresos en efectivo cuya  procedencia estaba "sin justificar" y podrían ser "de comisiones  presuntamente ilegales". Además, existían indicios de que concedía  licencias "sin ningún rigor" y "a demanda".

En este punto, el sumario del caso apunta que Martín Alba era  "perfecto conocedor de la normativa aplicable en su totalidad y que  intenta mover los hilos en Diputación" a través del que fuera jefe  del Servicio de Arquitectura "para poder incluir como urbanas zonas  que no lo son, pero que están ocupadas por construcciones ilegales  para las que él ha otorgado licencias".

Asimismo, en el sumario del caso consta que se ha investigado la  supuesta justificación por parte del exregidor de la construcción en  suelo no urbanizable de viviendas, cuyos titulares eran extranjeros,  como si fuera conservación o rehabilitación de ruinas preexistentes,  para lo que utilizaba informes de un técnico municipal en Alcaucín y  en otro Ayuntamiento de la provincia.

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