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Ofensa al Parlamento de Andalucía

En un nuevo intento por desestabilizar la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), el Partido Popular está impulsando agresiones a profesionales de reconocido prestigio y a las empresas del sector audiovisual que desde tiempo atrás vienen luchando por adentrarse en el mercado nacional e internacional...

el 15 sep 2009 / 20:00 h.

En un nuevo intento por desestabilizar la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), el Partido Popular está impulsando agresiones a profesionales de reconocido prestigio y a las empresas del sector audiovisual que desde tiempo atrás vienen luchando por adentrarse en el mercado nacional e internacional, algunas con éxitos confirmados en Televisión Española, Antena 3, Tele 5, Canal Nous y Telemadrid, que es la más sectaria y peor gestionada de las televisiones autonómicas. En la pretensión de descalificarlas, las denominan "pata negra", que es sinónimo de calidad y, por tanto, caen en una contradicción que denota incultura andaluza. Parecerá una simple anécdota, pero conlleva una miseria similar a la de eliminar los cien días de gracia al director general de la RTVA elegido por el Parlamento de Andalucía. El argumento principal y único contra el nuevo responsable de la empresa pública reside en su procedencia de una empresa privada a la que estuvo vinculado en una mínima parte de su biografía. Al respecto, convendría que repasasen la Constitución Española (esa que a veces pretendieron exclusivamente suya) para constatar que en ninguna parte propugna ese sentido estalinista que reduciría el acceso a cargos institucionales a los empleados y funcionarios públicos.

Dicho esto y obviadas, de momento, otras cuestiones, conviene recalcar que el asunto más grave afecta al Parlamento de Andalucía. Según las propias indicaciones del Partido Popular, los datos que maneja para lanzar misiles de sospecha proceden del Consejo de Administración de la RTVA, que en la actualidad está conformado por representantes del PSOE, PP e Izquierda Unida. Los miembros de este consejo son elegidos por la cámara autonómica y toman posesión con la consabida fórmula del juramento o la promesa según sus legítimas convicciones ideológicas. En ese instante contraen el compromiso de defender los intereses de la empresa a la que acceden en su máxima representación, así que quienes facilitan datos para que se actúe contra ella, están incumpliendo su juramento o la promesa con evidente ofensa para la institución emanada de la soberanía del pueblo.

Periodista

daditrevi@hotmail.com

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