Al tiempo que calientan motores para la huelga general del 29 de septiembre, los sindicatos lanzan toda una ofensiva judicial contra los recortes de la Junta, al llevar ante los tribunales los decretos aprobados por el Gobierno andaluz sobre las medidas de ajuste como la rebaja salarial de los funcionarios y la reordenación del sector público.
Si la semana pasada fue CSIF la que recurrió ante el TSJA el Decreto por el que se suprimen 111 empresas públicas y se recorta la asignación presupuestaria para el capítulo de personal de éstas, ayer fue la Federación de Servicios Públicos de UGT quien presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que pide la nulidad de esta norma.
Para el secretario general de FSP-UGT Andalucía, Antonio Tirado, el decreto ley "rompe la tutela de los derechos fundamentales de los trabajadores públicos, anulando la negociación colectiva así como el acceso a la función pública". "UGT entiende que el decreto no garantiza la igualdad de los empleados públicos y que creará situaciones de discriminación entre ellos y además considera que recortará los derechos de los trabajadores", lamentó Tirado, quien añadió que el texto "no resuelve muchas situaciones que se crean tras la entrada en vigor, de forma que no se sabe cómo se solucionarán". No es el único sindicato que ayer acudió al TSJA para recurrir una decisión de la Junta.
USO presentó una demanda de conflicto colectivo contra el decreto que reduce las retribuciones del profesorado de los centros concertados en la misma línea que la rebaja salarial de los funcionarios de la enseñanza pública.Los recortes oscilan entre los 114,60 euros al mes a los maestros de Educación Infantil y Primaria y los 168,06 euros para los licenciados de Secundaria y Formación Profesional. El sindicato calcula que si el TSJA le da la razón y declara improcedentes los recortes efectuados en el decreto, Educación deberá reintegrar al profesorado de la concertada unos 19,6 millones este año.
El 16 de julio se celebró sin acuerdo el acto de conciliación ante el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA), al que no asistió la Consejería.
USO pide al TSJA que declare improcedente el recorte y reconozca el carácter consolidable del complemento de equiparación que persigue homologar el sueldo del profesorado de la concertada al de los de la pública.
Este sindicato también apoya las reclamaciones de una plataforma de trabajadores de la Agencia del Agua, que se fusiona con Egmasa, que han recurrido el cambio de sus condiciones laborales y amenazan con recrudecer sus protestas.
