Cuatro paquetes de medidas son el resumen de la gestión de la crisis económica que ha hecho la Junta en Andalucía para intentar frenar su principal consecuencia: el aumento del paro. El año 2008, del que expertos y autoridades económicas dicen que ha sido mejor de lo que será el primer semestre de 2009, se cerró con 719.378 desempleados.
Antes de admitir que a la crisis se le pudiese llamar así, el Gobierno andaluz puso en marcha en febrero un primer paquete de variadas medidas que pretendían dinamizar la economía a través de la movilización de recursos públicos. Luego vinieron tres más. La principal línea de actuación de todos ellos ha sido activar la licitación de obra pública -tanto infraestructuras como viviendas protegidas- aunque en la última ocasión haciendo protagonistas de la gestión a los ayuntamientos.
En paralelo a las decisiones del Gobierno central, el Ejecutivo andaluz ha buscado la inyección de liquidez en el mercado financiero andaluz, el salvamento de empresas con proyectos viables pero sin dinero para seguir adelante y, aunque con menor incidencia, la rebaja de la carga fiscal para las familias. En total, 4.672 millones procedentes de la Junta.
El acelerador para licitar la obra civil. La Junta pisó el acelerador a la inversión pública cuando el sector de la construcción empezó a resentirse por la contracción de la actividad privada. En febrero de 2008, con las elecciones a las puertas, fue la primera vez que el vicepresidente económico, José Antonio Griñán, habló de la necesidad de desplegar toda la potencia inversora del Presupuesto, que casi empezaba a ejecutar en esas fechas. Para mantener un cierto pulso en un segmento que durante años sostuvo el dinamismo económico andaluz, la Administración autonómica licitó de golpe en febrero 661 millones (sobre todo en obra civil y vivienda) y otros 615 en junio.
A la espera de que se compute el mes de diciembre, los datos de Seopan -la patronal de las grandes constructoras- dicen que la Junta fue responsable en 2008 de la licitación de proyectos por valor de 2.772,2 millones del total de 5.833,5 del conjunto de las administraciones. Comparando con las cifras de 2007 -en este caso del año completo-, un dato clave: el porcentaje de obra civil (fundamentalmente, infraestructuras) se eleva de forma considerable. La vivienda dejó de ser el motor.
14.095 VPO, en fase de calificación provisional. Por eso, porque el sector inmobiliario había perdido las constantes vitales, una de las patas fundamentales de la acción de la Junta contra la crisis ha tenido que ver con el impulso de la VPO. Por dos razones: porque es una necesidad social y porque la construcción de vivienda protegida está llamada a ser la que supla la pérdida de empleos por la caída de la vivienda libre.
La estrategia de la Junta ha estado centrada en la liberación de suelo para VPO, dando ayudas a los ayuntamientos y también comprando suelo privado que ya está urbanizado en 39 municipios con especiales necesidades de pisos. La Consejería no dispone aún de un balance de cómo ha funcionado esta herramienta -los propietarios de suelo tenían hasta diciembre para presentar sus ofertas-, pero a día 17 del mes pasado dice haber realizado 65.234 actuaciones relacionadas con la vivienda.
Se han calificado de forma provisional en la nueva legislatura 14.095 VPO, tanto en régimen de venta como de alquiler y 40.285 intervenciones de rehabilitación. Y para intentar que los ciudadanos puedan acceder a esas viviendas -el bloqueo de las hipotecas fue una de las primeas consecuencias de la crisis-, la Junta selló un acuerdo con 33 entidades financieras para que liberen 9.550 millones en los próximos cuatro años.
Liquidez para las cajas y para las pymes La previsión de cajas y bancos era que en el primer semestre de este años esté normalizado el crédito. Para empujar en esa dirección -tarea en la que el Gobierno central ha puesto la principal parte de los
recursos-, la Consejería de Economía y Hacienda ha destinado 1.500 millones para titulizaciones de créditos de las cajas andaluzas. Son recursos finalistas que las entidades sólo pueden utilizar para, a su vez, dar créditos hipotecarios y a pequeñas y medianas empresas.
Al margen de la mediación de entidades financieras, el Gobierno andaluz ha diseñado un instrumento para evitar de la quiebra a pymes que, pese a tener un proyecto viable, no disponen de liquidez para seguir adelante. Se trata de un plan de salvamento al que, a 11 de diciembre, ya habían solicitado acogerse 253 empresas, con las que en algunos casos la Junta actuará como prestamista.
Cuatro mil beneficiarios del Plan Memta. "Las medidas empezarán a notarse en breve". Ése fue el mensaje del consejero de Empleo, Antonio Fernández, al conocer el demoledor dato de paro de 2008. Su departamento tiene en marcha dos instrumentos para frenar la caída: el plan Memta, para la mejora de la empleabilidad de los parados, y el Proteja, a través del que se complementa el fondo de inversión diseñado por el Estado.
Este último -que se basa en proyectos diseñados por los ayuntamientos pero y ejecutados por empresas que han de contratar a parados- está en este momento en una fase preliminar, ya que todos los ayuntamientos andaluces han presentado las solicitudes para beneficiarse de los 300 millones que están en juego, repartidos en función de la población, el paro y el aumento de éste. Complementan los 1.400 atribuidos a Andalucía por el Gobierno, que están pendientes de que los ayuntamientos presenten proyectos solventes antes del día 24.
La otra pata de la estrategia de Empleo es el Memta. En octubre pasado se incorporaron al Servicio Andaluz de Empleo 413 técnicos nuevos para poder agilizar la reinserción laboral de los parados, el gran objetivo del plan, dotado con un presupuesto de 100 millones de euros. En la actualidad, Empleo cifra en 2.781 los parados que han iniciado el proceso para adherirse a un compromiso de empleabilidad, básico para su recualificación.
Otras 4.068 personas, también según la Consejería, se benefician ya de los trabajos ligados a los proyectos de interés general y social que ejecutan ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro y que financia, a través de este plan, el Gobierno andaluz. Ya se han aplicado 26 millones de los previstos, sostiene la Junta.
