El anuncio del ministro Caldera de incentivar las pensiones de quienes decidan trabajar por encima de los 65 años no ha dejado a nadie indiferente. Opiniones hay para todos los gustos y, como en todo, ya han salido defensores y detractores.
Ni siquiera los sindicatos coinciden en sus planteamientos. UGT calificó la medida de "positiva", sobre todo, al tener en cuenta que cada vez se producen más jubilaciones anticipadas a los 62 y 63 años, y valoró que esta medida, además de beneficiar a la empresa porque no cotiza por el trabajador, también repercutirá en el Gobierno, que no tendría que tirar de la hucha de las pensiones. En el extremo opuesto, CCOO, que alertó de los posibles riesgos que puede suscitar la medida. "Tendrá un corto recorrido porque está abocada al fracaso".
Señaló que si se prolonga la vida laboral, no se favorecerá la creación de empleo joven ni tampoco se ayudará a rejuvenecer a las plantillas. Además, habrá que ver en qué sectores se puede aplicar porque sería un "disparate", a su juicio, contar con empleados de 70 años en actividades como la construcción o en la Policía, entre otras.
Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, consideró que es una medida "regresiva" que supone "un paso atrás" para los derechos de los trabajadores.
Sin embargo, la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, insistió en que la reforma será "voluntaria" y supondrá beneficios para trabajadores y para empresarios. Valcarce participó en la Conferencia Ministerial sobre Envejecimiento, en la que los países intervinientes abogaron por que se "supriman las medidas disuasorias" contra la prolongación de la vida laboral y se "adapten" los entornos de trabajo para favorecer el retraso voluntario de la jubilación.