Cuatro organizaciones de defensa de los Derechos Humanos (DDHH), tales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, han avisado de que el juicio, que comenzará este martes, contra el juez Baltasar Garzón, por presunta prevaricación al investigar las "violaciones de derechos humanos" cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, vulnera la imagen de la justicia española en el exterior.
En una rueda de prensa conjunta, las organizaciones han calificado de "escandaloso" e "inaceptable" que se vaya a sentar en el banquillo de los acusados a un juez que ha aplicado el derecho internacional al investigar unos crímenes contra la humanidad ya que, además, se basó en el principio de imprescriptibilidad de las víctimas y familiares de abusos contra estos derechos.
Garzón se encuentra imputado por investigar en la Audiencia Nacional la desaparición forzada de 114.266 personas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951, y por no aplicar la Ley de Amnistía de 1977 en su instrucción. Una acusación que, a juicio del consejero jurídico del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, Hugo Relva, es "inaceptable" ya que dicha norma se refiere sólo a los delitos de intencionalidad política y fue adoptada para liberar a aquellas personas que estaban detenidas como presos políticos con anterioridad al año 1977.
Por tanto, ha comentado Relva, no es aplicable y "no puede impedir nunca" la investigación de la defensa de los derechos humanos cometidos en el pasado. Además, ha advertido, Amnistía Internacional también considerará "inválida", bajo la perspectiva del derecho internacional, la normativa en el caso en el que el Tribunal Supremo interpretara que esa ley establece "amnistía a los responsables de haber cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra".
Esta opinión ha sido corroborada también por el consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch, Reed Brody, quien ha recordado que es la "primera vez" que se procesa a un juez por aplicar el derecho internacional en una democracia consolidado y, además, por aplicar los "mismos" principios que él mismo promovió "con tanto éxito" en el exterior como, por ejemplo, en el caso de Pinochet.
POSIBLE "TIMIDEZ" JURIDICA ESPAÑOLA
Por ello, Brody ha asegurado que esta imputación puede conducir a una "timidez" jurídica en España ya que, a su entender, atenta contra la independencia de los jueces y puede provocar que los magistrados tengan "miedo" a la hora de "desafiar" al poder cuando el derecho así lo exija. "*Las víctimas del franquismo tienen menos derechos que las víctimas de Pinochet?", se ha preguntado tras señalar que el "efecto de intimidación de este juicio" ya se está "sintiendo" a nivel internacional.
Por su parte, el presidente de la Comisión Internacional de Juristas y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken, ha recordado que el Estado tiene la obligación de auxiliar a las víctimas de los crímenes cometidos contra la humanidad y que, en el caso en el que omita este deber, los jueces son los encargados de hacerlo. Así, ha calificado de "extremadamente preocupante" que se quiera "castigar" a Garzón por investigar estos derechos que, ha apostillado, "ofenden" a la Comunidad Internacional.
En este sentido, Nikken ha informado que las cuatro organizaciones acudirán este martes al juicio contra Garzón como observadores internacionales y que, aunque tomarán una posición de "imparcialidad", no serán "neutrales" porque consideran que los valores en los que se apoyó Garzón para investigar este caso son "universales".
CRITICAN SU IMPUTACION POR LAS ESCUCHAS DE GüRTEL
Dicho esto, los representantes de las cuatro asociaciones han coincidido en reconocer la "notoriedad" de Garzón por haber sido un juez que ha "molestado, cuestionado e incomodado" aunque se han alegrado de que existan este tipo de magistrados porque son la "esencia" y uno de los "principales valores" de un sistema democrático.
Así, se han referido al juicio al que se enfrentó la semana pasada Garzón por intervenir comunicaciones de imputados de la trama Gürtel con sus abogados en prisión, y han vuelto a defender su actuación asegurando que si esas grabaciones no estaban ordenadas con arreglo a la ley se deberían haber "anulado" pero, "nunca" haber servido de excusa para imputar al magistrado.
"Las constancias de los tres casos hacen sospechar que se trata de represalias contra Garzón por su actuación en casos controvertidos. En el caso Gürtel las escuchas fueron puestas a petición de la fiscalía, fueron prorrogadas por otro juez y cuando fueron anuladas había un juez disidente. Por tanto, varios jueces concordaron con la interpretación errónea o no de Garzón y los dictámenes internacionales son muy claros y dicen que en este tipo de circunstancia no se puede procesar penalmente a un juez por una decisión anulada sin atentar contra la independencia judicial", ha comentado.
