Cinco familias diez adultos y diez menores entre 9 meses y 17 años conviven desde hace un año en un bloque de la calle Mariano Benlliure, en Nervión, propiedad de Servihabitats de Caixabank que decidieron ocupar al ver que se estaban llevando los sanitarios porque llevaba años vacío, explicó ayer María Teresa Hernández, portavoz de la bautizada como Corrala Esperanza. En octubre les llegó la notificación de que el 13 de enero están citados para declarar en los juzgados, ante una denuncia por usurpación, e iniciar así el procedimiento legal para su desalojo. Pero las familias piden a la entidad que abra un proceso de negociación para intentar buscar una fórmula de alquiler social adaptado a la situación de cada uno de ellos, ya que todos están en paro y sus ingresos se limitan a subsidios y ayudas. Al menos que nos escuchen porque puede haber fórmulas para pagar algo, cada uno en la medida de sus posibilidades, y nosotros también hemos mantenido el edificio, hemos evitado que lo roben todo o que se meta otro tipo de gente, clamó María Teresa. De momento, solo han mantenido contactos telefónicos con responsables de la entidad bancaria, que dice estar estudiando la posibilidad de abrir esa mesa de negociación, aunque aún no ha confirmado nada. Mientras, el trámite judicial emprendido contra ellos por la usurpación ilegal del inmueble sigue su curso y ya han recibido la citación para declarar ante el juez, que será quien posteriormente emita la orden de desalojo forzoso o, como suele ser habitual en estos casos, previamente les inste a abandonar los pisos de manera voluntaria. Cinco de las vecinas de Corrala Esperanza celebraron ayer una comida popular en la Casa del Pumajero para celebrar su primer aniversario en la lucha y agradecer la ayuda recibida por los vecinos del propio bloque, que según reconoció María Teresa, nos han dado muchos alimentos y se han portado muy bien. También tuvo palabras de agradecimiento para las tres asistentas sociales de los servicios municipales de Nervión que siguen su caso y que les han preparado un informe sobre la situación de cada familia para que puedan aportarlo en caso de que se abra la mesa de negociación que reclaman. Su caso sigue el mismo curso que el de la Corrala Utopía, donde llegó a abrirse ese diálogo con Ibercaja, si bien la entidad reanudó la denuncia judicial tras llegar a realojar a cuatro de las 36 familias, según el resto, negociando a sus espaldas. El desahucio, con todo, no se ha producido aún.