El grupo Contsa continúa desangrándose poco a poco. A pocos días de conocer la decisión definitiva del juez sobre su futuro, esto es, si se decanta por aceptar la propuesta de convenio presentada por un grupo de acreedores o estima la postura de los administradores concursales, que se han mostrado contrarios a ello, una de sus sociedades filiales, Cartuja Corporación Empresarial entró ayer oficialmente en proceso de liquidación.
Es una de las empresas que integraban un complejo conglomerado societario, encabezado por José Salas Burzón y compuesto por más de una veintena de sociedades en su mayoría relacionadas con el negocio inmobiliario, y de la que dependía Cartuja Financiera Andaluza, un establecimiento de crédito especializado en la concesión de préstamos hipotecarios a empresas y familias, que fue disuelto en 2009 tras llevarse seis años operando como un banco, una vez que Contsa, la matriz, se declaró en suspensión de pagos.
La cuenta atrás para que el juez encargado del caso se pronuncie sobre el destino de Contsa se ha iniciado ya, una vez que los tres administradores concursales han expresado su oposición a la propuesta de convenio realizada por un grupo de acreedores, con el que prometen a los inversores afectados por el presunto fraude recuperar la mitad de los ahorros invertidos. Se ha abierto así un periodo de diez días para trasladar esa información tanto a Contsa como a los acreedores, que cuentan con ese plazo para reseñar al juez las alegaciones que estimen oportunas.
No obstante, fuentes jurídicas consultadas ayer reseñaron el efecto que podría tener sobre el proceso penal al que se enfrenta José Salas Burzón, quien está acusado de una presunta estafa piramidal con 1.653 afectados y con un agujero patrimonial de 87,3 millones, fruto de unos activos por valor de 31,7 millones y un pasivo que se eleva hasta los 119 millones de euros.
En el caso de que prosperara el convenio, que también defiende el expropietario de la empresa -quien ha pasado 20 meses en prisión-, supondría de facto devolver la gestión al imputado, de manera que obtendría de nuevo la confianza de aquéllos que se vieron perjudicados por su administración al frente de Contsa.
El grupo de inversores que lo promueve, que constituyó la sociedad Unión de Acreedores de Contsa SA y que lidera el abogado Javier Loscertales, ya ha indicado que demandará y pedirá daños y perjuicios contra los administradores concursales por no haber apoyado la propuesta de convenio, alegando una mala gestión de los activos desde febrero de 2008, fecha en la que la sociedad entró en situación de concurso de acreedores, antigua suspensión de pagos.
La última palabra la tiene el juez de lo Mercantil, ha de decidir aún entre la propuesta de convenio o proceder a la liquidación de la misma.
