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Otra huelga enreda el sector público

La amenaza de un paro general se cuela en el diálogo en el Parlamento andaluz.

el 09 ene 2011 / 20:28 h.

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Protesta de funcionarios de la Junta ante el Parlamento.

La amenaza de una segunda huelga general al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, esta vez por la reforma de las pensiones, planea como una sombra sobre la posibilidad de que la Junta y el PSOE-A cierren un acuerdo en el Parlamento para la reforma del sector público. La fecha -se cierra mañana- no ha podido ser más inoportuna, según reconocen las partes implicadas en el diálogo. Los sindicatos CCOO y UGT, así como IU, aseguran que se hará un esfuerzo por separar un escenario de otro, ya que nada tiene que ver la reestructuración del sector público con la prórroga en la edad de jubilación. Pero todos -también los socialistas- admiten en privado la preocupación por un hecho que añade presión a la negociación que se abrirá oficialmente en el Parlamento mañana -justo cuando CCOO despejará si convoca o no el paro- y que está previsto que concluya el 16 de febrero. ¿Podrían los líderes sindicales hacerse una foto con el presidente andaluz, José Antonio Griñán, en plena campaña de movilización para el paro general? No. Sobre todo porque las centrales sindicales desde Madrid saben que se juegan mucho en este nuevo envite después de que la primera huelga de la legislatura, el 29 de septiembre, se quedara lejos de parar el país. Fuentes de la negociación aseguran que ya Manuel Pastrana, de UGT-A, y Francisco Carbonero, de CCOO-A, declinaron en diciembre una foto con el presidente andaluz en el inicio de la negociación sobre el sector público en el Parlamento. Sí posaron junto a Mario Jimenez, portavoz parlamentario socialista, y la secretaria de organización del PSOE-A, Susana Díaz. Los socialistas lo niegan y dicen que no correspondía al presidente.

El presidente volverá a intentarlo este mes convocando a sindicatos y patronal para tratar de recuperar el diálogo social en el marco del séptimo acuerdo de concertación. Pero CCOO y UGT ya anticipan que no se harán más fotos con Griñán si no se concretan medidas. Las fechas son difíciles para el entendimiento. Carbonero anunciaba ayer mismo que enviarán a Madrid 500.000 firmas pidiendo que se desmonte la reforma laboral aprobada en junio, porque sus objetivos de crear más empleo indefinido y puestos de trabajo no han cuajado.

Pese a todo, el Gobierno andaluz ha rectificado sus posiciones iniciales en aras a un acuerdo acerca de una reforma del sector público que, inesperadamente, se convirtió para el Ejecutivo de Griñán en un conflicto de primer nivel el pasado otoño. Se han ido dando pasos atrás para lograr un pacto. La reforma del sector público supone la eliminación por absorción o fusión de 111 de las 254 empresas de la Junta. El plan es que la mayoría queden integradas en 14 grandes agencias públicas que acogerían a funcionarios, laborales y trabajadores externos de las empresas extintas. La idea inicial de la Consejería de Hacienda, que pilota Carmen Martínez Aguayo, era agilizar esta reforma y aprobarla por decreto-ley con carácter urgente. Ese era el planteamiento de julio. Pero en septiembre comenzaron las movilizaciones, duras y numerosas, de los funcionarios, en pie de guerra porque consideran que esta reforma supone colar por la puerta de atrás en la administración general a unos 20.000 empleados de las empresas públicas.

La Junta comenzó a rectificar. Primero logró cerrar un acuerdo con CCOO y UGT, que crispó aún más los ánimos del resto de sindicatos, que aseguran que éstos no son mayoritarios en la función pública. Sólo si se sumaban su representación en sanidad y educación lo eran, aunque las últimas elecciones en ambos sectores, después de pactar este decreto, han dinamitado esa mayoría y castigado a UGT y CCOO.

En noviembre la Junta aprobó un segundo decreto que introducía los cambios pactados y anulaba de forma automática el de julio, que está recurrido ante el Tribunal Constitucional y que además el sindicato Safja ha llevado al Supremo con una demanda de prevaricación contra el presidente José Antonio Griñán y sus 13 consejeros. La tercera rectificación llegó cuando ese nuevo decreto se anunció que se iba a tramitar como un proyecto de ley en el Parlamento, abriendo así la posibilidad del diálogo al resto de partidos políticos y sindicatos. Y el cuarto paso atrás lo certificó el Gobierno andaluz en su última reunión del año, al frenar hasta mayo los estatutos de creación de las nuevas agencias públicas. Los socialistas dicen que estos pasos "refuerzan la credibilidad" de su mensaje de "apertura y voluntad de diálogo y negociación".

El PSOE-A ve el escenario de la negociación muy abierto y hasta que no se plasmen en papel, es decir en enmiendas (deberán estar antes del 20 de enero), las reivindicaciones de sindicatos como CSIF, Safja o Ustea, así como de PP e IU, declinan decir qué posibilidad hay de un acuerdo. No quieren cerrar puertas, aunque los sindicatos de funcionariso ya han convocado una manifestación para el próximo 22 de enero, en la que volverán a pedir la derogación del decreto.

Desde Izquierda Unida, sin embargo, se ve otro escenario. La formación de Diego Valderas está decidida al consenso siempre que se incluyan cinco puntos que el líder de la formación expresó en el Parlamento. Ya logró una concesión de Griñán, la paralización de las nuevas agencias hasta la primavera. IU ve factible que en la foto final estén CCOO, UGT y Ustea, y ve muy complicado que se sume CSIF o PP. Todos temen que el previo a una huelga general termine por enturbiar esa foto final.

Los sindicatos de funcionarios como CSIF o Safja, arropados por el PP, están más lejos del acuerdo, piden la derogación y denuncian que el decretazo (como lo llaman) es un coladero para los "enchufados". La Junta lo desmiente categóricamente y anima a señalar el artículo del decreto que sostiene esa denuncia. Ningún trabajador se convertirá en funcionario sin aprobar unas oposiciones, dice la Junta. ¿Y en futuras convocatorias, en caso de concurso-oposición, no tendrán estos trabajadores más puntos y por tanto más posibilidades de entrar en la administración que cualquier otro opositor? Ése es otro cantar, pero el PSOE asegura que la reforma todavía está muy abierta y sujeta a los cambios que se aprueben en la Cámara.

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