El profesor de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) Ángel Barros sostiene en su tesis doctoral la responsabilidad de la matriz de la empresa Boliden en Suecia, a la que acusa por los daños causados por su filial en España tras el desastre ecológico provocado por la mina de Aznalcóllar.
La tesis, que lleva por título La responsabilidad de la sociedad dominante como administradora de hecho de un grupo de sociedades en Derecho internacional privado, ha sido dirigida por el decano de la Facultad de Derecho de la institución, Andrés Benot, y ha obtenido la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad del tribunal. El trabajo realiza un estudio de Derecho comparado sobre los posibles mecanismos legales susceptibles de ser utilizados para exigir la responsabilidad de la sociedad dominante perteneciente a un grupo internacional por las deudas sociales contraídas.
El trabajo concluye con importantes aportaciones prácticas en un sector de absoluta actualidad -las crisis empresariales de orden supraestatal y sus consecuencias societarias o concursales- que pueden facilitar la solución a complejos problemas internacionales.
En particular, dichas aportaciones son perfectamente trasladables al litigio abierto entre las administraciones públicas españolas y el grupo Boliden, en relación con la responsabilidad asumida por ésta a través de su filial española con ocasión de la rotura de la balsa de residuos tóxicos de Aznalcóllar en abril de 1998.
De estudio. La presente es la segunda tesis doctoral derivada del asunto Boliden elaborada en el área de Derecho internacional privado de la UPO después de la defendida por el profesor Alfonso Ybarra Bores a finales de 2005 a propósito de la eficacia extraterritorial de los actos administrativos sancionadores en supuestos transfronterizos como el citado, que supone asimismo un importante avance jurídico en la evitación de la impunidad de quienes contaminan en la Unión Europea.
Este hecho se vio refrendado el pasado mes de octubre, todo un precedente en Europa: el Tribunal Sueco de Apelaciones dio por bueno un auto del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla que vinculó en junio de 2007 a la multinacional matriz y a la filial española y reclamaba ejecutar un embargo cautelar de 141 millones de euros a la empresa sueca. El proceso continúa adelante.
