La semana que hoy empieza será distinta para Pepe Mel y sus futbolistas porque es la primera en que deben digerir una derrota, pero fuera del campo, en la intensa vida extradeportiva que últimamente genera el Betis, se parecerá bastante a las últimas porque otra vez se prevén novedades para el futuro de la entidad. A lo largo de los próximos días, por ejemplo, debe haber noticias sobre la famosa junta extraordinaria de accionistas que el consejo de administración decidió que se celebraría el 30 de noviembre y que un juzgado hará que tenga lugar antes.
El primer paso de este nuevo episodio jurídico será dado por el propio Betis, que aún tiene que presentar sus alegaciones ante el Juzgado de lo Mercantil número 1. Aunque los grupos de la oposición a Lopera anunciaron que el magistrado fallaría inmediatamente después de recibir esas alegaciones, el procedimiento seguramente no será tan fulminante, pero en todo caso casi se da por hecho que esa junta se celebrará antes del 30-N.
También puede haber novedades procedentes de otro juzgado donde aún colea la junta de la vergüenza, celebrada en diciembre de 2007 e impugnada por las asociaciones contrarias al anterior máximo accionista, entre ellas Béticos por el Villamarín (BXV). Aquella asamblea, famosa por los "invitados" que Lopera llevó a la sala y que se dedicaron a boicotear cualquier intervención no afín al entonces mandamás, estuvo plagada de irregularidades y la justicia ya dio la razón a quienes la impugnaron. Lopera recurrió la sentencia y BXV ya sólo está a la espera del veredicto final. El fallo es cuestión de días y si es contrario a Lopera, el juez puede ordenar la inmediata repetición de la junta, con lo que podría darse el caso de que se celebre antes incluso que la que está en litigio en el Juzgado de lo Mercantil número 1.
Mientras todo esto ocurre o está a punto de ocurrir en los juzgados, Luis Oliver continúa mandando en el Betis y confiando en que la Audiencia Provincial dé la razón a la defensa de Lopera y a la Fiscalía y revoque las medidas cautelares que en su día ordenó la jueza Mercedes Alaya. Una de ellas era la suspensión de los derechos políticos de las acciones de Farusa, presuntamente compradas por Bitton Sport, y la consecuencia es que Oliver se ha quedado sin ese 51% del capital social del club.
El problema para Oliver es doble. Por un lado, la Audiencia no resolverá ese recurso hasta dentro de muchas semanas. Por otro, el órgano judicial acaba de desestimar otro recurso de Lopera y dar la razón a Alaya en que los presuntos delitos cometidos en la gestión del club entre 1993 y 1998 no han prescrito. Y la Audiencia toma esa decisión, que refuerza las tesis de la jueza de instrucción, justo antes de estudiar un recurso que es fundamental para el futuro del ex máximo accionista y, por tanto, del propio club.
