La interrupción voluntaria del embarazo dejó de ser delito (en cuatro supuesto), en nuestro país hace un buen puñado de años.
Con la llegada de una propuesta de modificación de la actual ley que amplía los derechos en materia de aborto, se ha montado una buena algarabía, impulsada por los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad española, incluida la jerarquía de la iglesia católica.
Todo avance en materia de derechos, tanto individuales como colectivos, son buenos para las personas y todo parece indicar que las modificaciones que se proponen serán favorables para las mujeres que decidan abortar.
No hay que dejarse llevar por los fanáticos que se oponen a este nuevo avance tratando de criminalizar a las mujeres que de forma voluntaria interrumpen sus embarazos. En España la cifra supera las 100.000.
Nadie debe interferir en la decisión de la mujer que decide no seguir adelante con su embarazo, sea cual sea su razón. La ley debe proteger a esa mujer no penalizándola y ofreciéndole los medios médicos y sanitarios para que su decisión se lleve a cabo con todas las garantías posibles.
La existencia de una ley que regula ese derecho no significa que todas las mujeres tengan que abortar, ni que se le empuje a ello. Eso es lo que intentan dar a entender los que se oponen. Con esta ley y sus posibles modificaciones, nadie deja de estar embarazada si no lo desea.
Mar Granda, representante de una asociación de cristianos de base denominada "Católicos por el derecho a decidir", dice: "La regulación del aborto es un derecho para quien quiera ejercerlo y Dios eso lo respeta".
Pero con independencia de lo que Dios haga, crea, respete o deje de respetar, tienen que estar las leyes, garantizando la libertad individual de cada mujer a decidir sobre el futuro de su embarazo.
Todo lo demás es intolerancia y fanatismo.
