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Otra vez la 'sala vaticana'

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del TSJA, ubicada en Sevilla, y más conocida ya popularmente como sala vaticana por el sesgo ultra católico de sus decisiones en materia de Educación, ha dado otro sonoro golpe a las normas legales que rigen la escolarización en Andalucía.

el 15 sep 2009 / 05:38 h.

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del TSJA, ubicada en Sevilla, y más conocida ya popularmente como sala vaticana por el sesgo ultra católico de sus decisiones en materia de Educación, ha dado otro sonoro golpe a las normas legales que rigen la escolarización en Andalucía. Esta vez le ha tocado el turno a la ratio educativa, instrumento esencial del ordenamiento escolar. Pero los magistrados han ninguneado el reglamento avalando que una niña entre en un colegio concertado de Sevilla en el que no había logrado plaza. "No existe dato objetivo que determine un perjuicio de interés general por la mayor escolarización de menores en el centro", refleja el fallo, saltándose con descaro la reglas aprobadas por el Parlamento andaluz para garantizar la escolarización de todos los niños en igualdad de condiciones. La decisión de unos jueces tan especiales, que con toda seguridad será desautorizada por el Tribunal Supremo en su momento, sí vuelve a enrarecer el mundo educativo. Y con claridad voluntaria marca el camino a aquellos padres que puedan permitirse un caro pleito para inscribir a sus hijos en el colegio concertado que les plazca. La sala sevillana estaría fomentando con su decisión el desorden educativo. Habría que preguntarse qué pasará si no son sólo unos padres los que fuerzan a retocar la ratio de un colegio amparados por los jueces, sino que, por ejemplo, un millar decide seguir el mismo camino para colocar a sus hijos en el mismo centro escolar. El escenario sería insostenible. Algunos juristas advierten ya que esta singular sala sevillana que eliminó de un plumazo contenidos de la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía y permitió objetar a esa asignatura podría estar incurriendo en un "fraude de Constitución" y en un posible "delito de prevaricación". Los más altos tribunales dirán si tienen o no razón. Pero de momento es indiscutible que sus decisiones desprecian los reglamentos educativos andaluces, desprestigian la enseñanza pública e indignan a la mayoría de padres y profesores. Alguien deberá responder alguna vez por ello.

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