Otro escalón arriba en la pirámide

el 22 feb 2012 / 22:00 h.

El cerco judicial sobre el exconsejero de Empleo y exsecretario provincial del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, se estrecha. Era vox populi casi desde hace un año, cuando la jueza Mercedes Alaya imputó al exconsejero Antonio Fernández. Viera también iba a tener un papel protagonista.

Entonces se discutió en el PSOE si debía dar un paso atrás y se decidió que no. José Antonio Griñán creyó que no había posibilidad alguna de imputarle un delito a Viera. ¿Y la responsabilidad política? De esa, ni rastro.

En el momento en que Viera sea imputado, si lo es, el caso pasará al Supremo. Su condición de diputado le da inmunidad frente a Alaya. La misma que, según fuentes socialistas, Viera quiso procurarle a su compañero Ramón Díaz cuando medió para que entrara en la Diputación Permanente del Parlamento. Ese dicen que fue el origen de la bronca definitiva entre Viera y Susana Díaz, la que terminó hace dos semanas con el portazo del dirigente sevillano a las puertas de las elecciones, haciendo estallar una bomba muy dañina para Griñán. Muchos cambiaron de parecer y defienden ahora que debió irse meses atrás.

La dimisión de Viera hubiera arropado la teoría de la Junta de que es la primera interesada y la más activa en colaboración con la justicia para que se llegue al final del caso ERE "caiga quien caiga". Una teoría que ayer Alaya se encargó otra vez de derribar y que obligó a la Junta, una vez más, a defender la cantidad de papeles e investigaciones paralelas que está llevando a cabo.

En el caso de los ERE el relato del PP triunfa por goleada. La instrucción judicial da fe. En campaña la cosa irá a más. Ya se están sobrepasando límites. El PP habla del socialismo de "los paraísos fiscales, la cocaína y las juergas" y acusa a Griñán de destruir pruebas.La Junta se querellará pero lo malo es que la trama es tan chusca, han aflorado detalles tan horrososos, que esas denuncias pasadas de rosca del PP no chirrían, incluso podrían ser verosímiles en el relato imperante. Guerrero declarará en ciernes de la campaña y su chófer, el que destapó que se gastaban el dinero público en droga, lo hará a cinco días del 25-M. Demoledor.

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