En este nuevo y amplio auto, dictado el pasado 10 de noviembre, la jueza Mercedes Alaya no sólo reclama abundante documentación a diferentes administraciones públicas para poder continuar con la investigación. En el mismo, también imputa a un exalto cargo socialista, a cuatro días de unas elecciones generales.
El nombre de Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado provincial de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla, ya había aparecido en la lista entregada por la Junta con los intrusos en los expedientes de regulación de empleo (ERE) revisados.
La magistrada le imputa ahora porque su nombre aparece como uno de los prejubilados de la empresa Calderinox, pese a no haber trabajado en la misma. Con él, ya son exdelegados provinciales en Sevilla los imputados en el caso, ya que el que fuera delegado de Empleo Antonio Rivas también consta entre los supuestos implicados. En el mismo listado, aparece otro supuesto intruso, Antonio Fernández Garzón, a quien también imputa Alaya.
Ambos aparecen "como beneficiarios de una póliza suscrita con La Estrella para dar cobertura a las ayudas sociolaborales concedidas a los extrabajadores de Calderinox", en las que "el tomador es CCOO" y todo ello a pesar de que "ninguno de los dos había trabajado nunca para dicha empresa", recoge el auto.
Todo ello, pese a estar a la espera de que la Guardia Civil le remita el informe relativo a esta empresa. Rodríguez Cordobés fue delegado de Trabajo y Asuntos sociales en Sevilla desde 1994 y posteriormente director de la escuela taller de artesanos de Gelves. Según contaron en su día fuentes cercana al mismo, se prejubiló el año pasado "por enfermedad como funcionario de Educación".
Por ahora Alaya no les ha citado a declarar. Las próximas citaciones serán el 24 de noviembre, aunque mañana las partes están llamadas para que se pronuncien sobre la petición del fiscal de imponer fianzas a los imputados.
