Pacheco pide retrasar su encarcelación y reclamará el indulto

El exalcalde de Jerez recurre el auto que le obliga a entrar en prisión porque cree que el Supremo debe antes aclarar la sentencia y resolver un incidente de nulidad.

el 08 oct 2014 / 23:27 h.

El ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco. / El Correo El ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco. / El Correo La defensa del exalcalde de Jerez Pedro Pacheco va a recurrir el auto de la Audiencia Provincial de Cádiz que ordena su ingreso inmediato en prisión porque entiende que el Tribunal Supremo debe resolver antes dos cuestiones que el exlíder andalucista ha planteado contra su condena. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, encargada de hacer ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo, ha dado un plazo de tres días hábiles a Pedro Pacheco, y a los otros dos condenados en esta sentencia, para que interpongan un recurso de súplica contra el auto por el que se ordena su ingreso en la cárcel. El auto no da un plazo para que Pacheco entre en prisión para cumplir los cinco años y medio de cárcel, pero ordena notificar a las fuerzas de seguridad del Estado la cuestión para que, en caso de no ser así de forma inmediata, se proceda a su detención. En este mismo auto se da un plazo de tres días hábiles a los condenados para que puedan interponer un recurso de súplica, algo que aún no han hecho y que podrían hacer, como muy tarde, el próximo martes, ya que mañana es fiesta local en Jerez y el lunes también es festivo. Fuentes jurídicas han señalado a Efe que, en caso de que la Audiencia Provincial de Cádiz, tras pedir la opinión del fiscal, rechace el recurso de Pacheco, el ingreso en prisión del exalcalde se podría retrasar hasta finales de la próxima semana. En su recurso, los abogados de Pacheco señalarán que, antes de que se decrete su ingreso en prisión para cumplir la condena impuesta por "enchufar" a dos compañeros de partido en sociedades municipales, la sala segunda del Tribunal Supremo debe resolver dos cuestiones. Una de ellas es una solicitud de aclaración de la sentencia del Supremo, que ya ha sido admitida a trámite, y otra un incidente de nulidad de actuaciones que los abogados del exlíder andalucista han planteado porque entienden que hay una contradicción en el fallo. PETICIÓN DE INDULTO A ellas se unirá la solicitud de suspensión de condena en tanto el Gobierno resuelve la petición del indulto que los abogados de Pedro Pacheco prevén interponer en los próximos días, cuando completen la documentación con la que piensan pedir la medida de gracia. Entre esta documentación estarán las "miles" de firmas reunidas en Jerez en apoyo del indulto, entre las que figura la del obispo de Asidonia-Jerez, José Mazuelos, el cantaor José Mercé, Paco Cepero, Tomasa "La Macanita" o el Xerez Club Deportivo. El exalcalde trata también de vender una casa en la costa para hacer frente en metálico al pago de la responsabilidad civil impuesta en su condena, de poco más de 200.000 euros, porque para obtener un indulto una de las condiciones es estar al corriente de obligaciones. Pacheco confía así en paralizar o retrasar su ingreso en prisión ante el requerimiento de la Audiencia Provincial de Cádiz que le fue entregado ayer en mano y mientras espera la posibilidad de que se le conceda un indulto total o parcial. El exalcalde de Jerez, que desde que se hizo pública la sentencia ha rehusado hacer declaraciones a la prensa, está "muy apesadumbrado". "Son momentos muy difíciles para él", han añadido fuentes próximas. Por otro lado, la defensa de Jesús López, también exconcejal de Foro Ciudadano condenado a dos años y diez meses de prisión en esta sentencia, presentará en las próximas horas una solicitud de suspensión de ejecución de la condena en tanto se tramita el indulto que va a reclamar al Gobierno, según ha explicado su abogado. Pasos previsiblemente similares a los que seguirá el tercer condenado en el caso, Manuel Cobacho, para el que el Supremo fijo una pena de dos años y seis meses de prisión. Ambos, compañeros de partido de Pacheco en el PSA, fueron contratados en distintas sociedades municipales en 2005, cuando el exlíder andalucista ejercía de primer teniente de alcalde de la socialista Pilar Sánchez. En estos contratos, por los que percibieron más de 200.000 euros sin presentarse siquiera a sus supuestos puestos de trabajo, el Tribunal Supremo ha apreciado falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos.

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