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Pactos de estado

La nueva legislatura recién inaugurada ha iniciado su camino en un ambiente distendido, de concordia y entendimiento, muy distinto del enfrentamiento y la crispación que caracterizaron la anterior en toda su andadura. Esta nueva situación hará que la vida parlamentaria discurra por cauces de normalidad.

el 15 sep 2009 / 03:11 h.

La nueva legislatura recién inaugurada ha iniciado su camino en un ambiente distendido, de concordia y entendimiento, muy distinto del enfrentamiento y la crispación que caracterizaron la anterior en toda su andadura. Esta nueva situación hará que la vida parlamentaria discurra por cauces de normalidad y que la confrontación ideológica y partidaria, por muy enconada y dura que sea, no degenere en broncas tabernarias o en descalificaciones e insultos propios de hooligans incontrolados. Este nuevo clima, avalado por el talante de Alonso y Sáenz de Santamaría facilitará el trabajo parlamentario y las funciones de dirección y arbitraje del presidente Bono.

Pero este nuevo tiempo político debe reflejarse sobre todo en la posibilidad de alcanzar acuerdos, ya ofertados por Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, sobre un conjunto de materias de gran trascendencia para el sistema y para la convivencia política: justicia, terrorismo, organización territorial del Estado y su financiación, política exterior, educación y como preámbulo urgente y previo a todo ello, el tratamiento de la situación económica que, dada la intensidad de la crisis, exigirá la adopción de medidas estructurales junto a otras puramente coyunturales de urgente e inaplazable aprobación y aplicación.

Centrándonos en el ámbito de la justicia, sus problemas requieren decisiones políticas y económicas de envergadura. Todos, políticos y juristas y la ciudadanía en general, son conscientes de que la situación es de tal gravedad y viene de tan lejos que exige el compromiso y la responsabilidad de todos los que de una manera o de otra tienen alguna intervención o actuación en este ámbito. Sería un gravísimo error concretar el problema judicial en la situación de órganos como el TC y el CGPJ. La renovación de ambas instituciones requiere nuevas ideas y planteamientos más generosos, pues las experimentadas hasta ahora han terminado o en la ineficacia y el desprestigio o en el bloqueo de estas instancias tan esenciales para el sistema democrático. En su organización y funcionamiento no pueden convertirse en un asunto de los partidos políticos ni actuar sus miembros bajo mandato imperativo. La formación, la experiencia profesional y el prestigio que deben concurrir en sus integrantes deben llevarles a una autonomía respecto de sus patrocinadores y a adoptar sus resoluciones en base a criterios de justicia y de defensa del interés general, sin admitir ni tolerar injerencias políticas ajenas.

El funcionamiento normalizado de la justicia exige, fundamentalmente, tres medidas: un incremento adecuado de jueces y de su personal auxiliar, que agilice la tramitación y despachos de los asuntos pendientes; una fuerte inversión económica, sobre todo en nuevas tecnologías que modernicen la oficina judicial y una coordinación rigurosa que impida los errores escandalosos del sistema.

Antonio Ojeda Escobar es notario

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