Varias asociaciones de padres y sindicatos mostraron ayer su rechazo a la sentencia del Supremo que anula el Real Decreto que permitía a los alumnos de Bachillerato con tres y cuatro suspensos avanzar del primer curso al segundo. Gobierno y Junta acatan la resolución. El PP la considera una "buena noticia".
La presidenta de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa), Pilar Triguero, apostó por que los estudiantes que vayan a promocionar "puedan cursar las asignaturas pendientes al tiempo que hacen lo propio con asignaturas de segundo curso de Bachillerato", lo que consideró "mucho más cercano a la Universidad". Triguero criticó la "judicialización" de la educación, lo que constituye "una mala forma" de entender este ámbito, y argumentó que "a los jóvenes no hay que cerrarles puertas, pues en un momento dado pueden tener un fallo y verse obligados, con esta sentencia, a repetir curso".
Por parte de los sindicatos, UGT consideró que la decisión adoptada por el Tribunal Supremo "supone un freno a que los alumnos puedan cursar estos estudios a dos velocidades según sus ritmos de aprendizaje". UGT planteó "la posibilidad de establecer un Bachillerato en tres años", lo que permitiría "que algunos alumnos que abandonan sus estudios alcanzaran los objetivos de esta etapa".
En otra línea se posicionó el sindicato CSI-CSIF, que consideró que la sentencia del Supremo "introducirá racionalidad" en la organización de los institutos de Secundaria y recordó que ya advirtió en su momento de que este Bachillerato "a la carta" tendría una "difícil" aplicación práctica".
Acatamiento. La consejera de Educación, Teresa Jiménez, repitió las palabras del Gobierno central y dijo "acatar el fallo y adaptar el Real Decreto a lo que establece la Ley Orgánica de Educación (LOE)". Jiménez defendió que el artículo anulado por el Supremo "pretendía flexibilizar el Bachillerato y acercarlo a otros sistemas que ya existen, sin bajar la calidad y la exigencia". Jiménez, mostró su confianza en que el Ministerio "modifique" este Real Decreto para que, desde la Junta, se lleve a cabo un seguimiento "paralelo" de "cómo tiene que ser cursado el Bachillerato".
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, volvió a incidir ayer en que el Real Decreto el nuevo Bachillerato tenía como objetivo "la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo".
El presidente del PP, Mariano Rajoy, consideró "una buena noticia" la sentencia del Supremo y solicitó una "reforma a fondo" de la educación en España. El líder de la oposición recalcó que es necesario "recuperar mayores niveles de exigencia" a los estudiantes, así como "los principios de mérito, trabajo y esfuerzo".
Francisco José González, el secretario regional en Andalucía de la patronal concertada FERE (responsable del recurso contra el Bachillerato) explicó ayer que el modelo impugnado "costaría más dinero a los concertados que a los públicos, y obligaría a reorganizar grupos y aulas, y a contratar a más profesores. González, además, dijo que ese sistema "no estimula el esfuerzo, porque les permite avanzar con cuatro suspensos".
