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Pago a plazos para legalizar las viviendas de Chiclana

El Ayuntamiento de Chiclana ya cuenta con un borrador que determina la fórmula de pago para la regularización de las viviendas ilegales que deberán asumir los propietarios. La propuesta contempla dividir el coste en cómodos plazos después de abonar la entrada. Uno de los obstáculos para legalizar las más de 15.000 construcciones irregulares son los costes, que pueden rondar los 30.000 euros.

el 16 sep 2009 / 00:22 h.

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El Ayuntamiento de Chiclana ya cuenta con un borrador que determina la fórmula de pago para la regularización de las viviendas ilegales que deberán asumir los propietarios. La propuesta contempla dividir el coste en cómodos plazos después de abonar la entrada.

Uno de los principales obstáculos para legalizar las más de 15.000 construcciones irregulares son los altos costes a los que tienen que hacer frente los ciudadanos, que pueden rondar los 30.000 euros por cada dueño. Por ello, habrá medidas especiales para aquellos que tengan problemas para asumir estos gastos.

A los que carezcan de fondos se les permitirá además que las parcelas y las casas les sirvan como aval para la realización de las obras y, en estos casos, al fallecimiento de los titulares de la finca o en su proceso de venta, el heredero o el nuevo dueño se tendrán que hacer cargo de los costes. Es la fórmula para que el consistorio se garantice el cobro tras la importante actuación que pretende poner en marcha. La asociación de vecinos Pago del Humo espera que el Ayuntamiento contacte con ellos para transmitirles más detalles, aunque lo que más le preocupa es que se solvente el problema de la red de abastecimiento y el alcantarillado.

El pleno municipal debe aprobar el jueves una moción para dar luz verde a la firma del convenio con la Junta para la puesta en marcha del plan municipal de inspección urbanística 2009-2012. La idea es poner en marcha en el municipio más medios para inspeccionar y controlar la ilegalidad en el urbanismo. La primera medida será la elaboración de un censo definitivo del número de viviendas ilegales, con el que ambas administraciones y los cuerpos de seguridad puedan trabajar para evitar que este fenómeno aumente.

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