"Vamos a crear empleo a través de estas inversiones, ¿pero podremos pagar las nóminas de los trabajadores fijos que ya tenemos?". Es la contradicción que ve el alcalde de La Algaba del fondo municipal aprobado por Zapatero, que tiene una indudable potencia inversora pero no resuelve la financiación local.
Cuando Abeslán Lucena, alcalde andalucista Benamocarra (Málaga), pensaba hace meses en las cuentas de su pueblo calculaba que este año iba a ingresar en torno a 1,4 millones de euros procedentes de la actividad urbanística. Pura ficción. Como mucho serán 400.000 euros. En el Ayuntamiento de Motril, el popular Carlos Rojas estima que la caída de esta vía de ingresos es de un 90%. No hay administración local que se haya salvado y, aunque ahora el Gobierno ha permitido que los municipios puedan incurrir en un leve déficit (un 0,2% del PIB), los que ya están muy endeudados no podrán acudir a esa vía para obtener recursos.
Es esa situación desesperada la que explica que, por mucho que no quieran bendecir el fondo municipal del Gobierno central (que permitirá inversiones por 1.423 millones en todos los pueblos y ciudades de Andalucía y que será complementado con 360 millones por parte de la Junta), ningún ayuntamiento vaya a dejar "escapar ni un euro", como dice Rojas. Pero tanto él, como su homólogo de La Algaba, José Luis Vega (IU), o Francisco Jiménez (PA), de Utrera, coinciden en un diagnóstico: la medida está diseñada para el corto plazo pero no saca a los ayuntamientos de sus apuros.
Las inversiones que los ayuntamientos van a ejecutar -presentarán los proyectos que quieren hacer en sus pueblos y ciudades y se encargarán de adjudicarlos a las empresas para que contraten a parados- alcanzan cifras muy importantes para sus municipios: en La Algaba (recibirá casi 2,5 millones) permitirá casi duplicar la inversión prevista en el presupuesto municipal y en Palma del Río (Córdoba), se sumarán 3,7 millones a los cinco que ya tenía previsto incluir en sus cuentas. Los cálculos del alcalde socialista le llevan a estimar que unas cien personas tendrán trabajo durante todo 2009 gracias a lo que Juan Antonio Ruiz Almenara considera que es "un regalo".
Y es que son actuaciones que no generan ningún gasto añadido a los ayuntamientos, acostumbrados a pagar por recibir. Aportan, por ejemplo, el 30% del proyecto si quieren recibir financiación de fondos europeos o el 50% de los materiales de las obras del PER.
Pero la principal crítica proviene de la falta de una estrategia de futuro. "Si hacemos un centro social, que necesitamos en Motril, ¿quién lo mantiene luego? Los trabajadores que encontrarán empleo en 2009 estarán en el paro en 2010 porque no se garantiza la estabilidad laboral", argumenta Carlos Rojas. Está convencido -y en eso coinciden con él los regidores consultados de IU y PA- de que ésta es una "operación de maquillaje para intentar tapar la reforma de la financiación local".
Para que Motril pueda beneficiarse de los 10,3 millones que le corresponden, el Ayuntamiento tiene que presentar los proyectos al Gobierno antes del 24 de enero. Rojas lo ve posible en su caso, pero no en municipios pequeños, sin capacidad de gestión. A eso se agarra el regidor de Utrera, Francisco Jiménez (PA), al decir que el plan "tiene truco". Cuando el Ministerio dé el sí a los proyectos, los ayuntamientos tendrán dos meses para adjudicarlos a empresas: "Es literalmente y materialmente imposible", sostiene.
Llegados a ese punto -ya en la primavera- todos los municipios han de estar al corriente de pagos con Hacienda y con la Seguridad Social para poder recibir el 70% de la financiación de las obras. ¿Se quedarán sin dinero muchos por esta razón? El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Francisco Toscano, lo niega: "Da tiempo a negociar aplazamientos de pago", zanja.
Las dificultades vendrán después, según el punto de vista del alcalde de Benamocarra, que con sólo 3.500 habitantes el ladrillo le ha permitido tener un presupuesto de 5 millones de euros y una abultada plantilla municipal. De ahí su reivindicación: "Nos tendrían que haber permitido que las obras las hiciéramos los ayuntamientos. Esto es pan para hoy y hambre para mañana".
