A la hora de fichar a un jugador extranjero, y puesto en números redondos, un club español se ahorra por encima de un 40% frente a sus principales competidores. Por ejemplo, para asegurarle a su fichaje un salario anual neto de 8 millones de euros, tendrá que pagarle alrededor de 10 millones. Por el contrario, un club alemán, italiano o francés (con tipos marginales superiores al 40%), debería pagarle 14 millones. No digo ya un club británico que, con la elevación de su tipo máximo para el año que viene hasta el 50%, debería pagarle justamente 16 millones. Al cabo de 5 años esto supone un ahorro para el club español de entre 20 y 30 millones de euros.
Ésta es la razón principal que explica por qué la liga española es capaz de levantarle jugadores a una competición como la Premier League, que genera en conjunto muchos más derechos televisivos. No es otra que la generosa tributación que se les concede en nuestro país a los residentes extranjeros con contratos millonarios. Sin tratarse de ningún gran secreto, ya está en boca de todo el planeta, en parte gracias a los excesos del Real Madrid y del reciente amago de derogación. Es de agradecer que la legislación tributaria quede así plenamente expuesta al debate popular.
Porque, de hecho, esto es lo que ha faltado hasta ahora con la ley Beckham, conocida así por parecer mismamente diseñada a la medida del personaje, y nacida a finales de 2003, cuando el Gobierno articuló un régimen especial de tributación para quienes por motivos laborales establecieran su residencia fiscal en España, fijándoles un tope de tributación del 24% (y sólo por la rentas generadas en España), casi veinte puntos por debajo del 43% que pesa actualmente sobre el resto de los contribuyentes. La excusa-explicación fue que con ello se incentivaba la llegada a España de profesionales cualificados.
Sin embargo, el mismo trámite seguido para pasar lo que no deja de ser un incentivo para muy ricos muestra que, en realidad, se trataba de un guiño fuertemente ideológico y no de una iniciativa meditada. Quiero decir, la norma se introdujo mediante la afortunadamente desaparecida ley de acompañamiento a los presupuestos, un conocido y reconocido instrumento de escamoteo del debate político en torno a iniciativas legislativas poco defendibles del que los gobiernos Aznar hicieron un uso intensivo durante sus ocho años, después de haberse hartado de criticarlo cuando estaban en la oposición.
La derogación de este beneficio fiscal es una exigencia para la confianza de los ciudadanos en que las administraciones actúan con criterios de justicia. Su permanencia supone un golpe considerable para la equidad del sistema tributario, al hacer del impuesto sobre la renta personal, que es el elemento que tradicionalmente debería dotar de progresividad a la fiscalidad dentro de un país (y en el nuestro obliga a ello la misma Constitución), un tributo escandalosamente regresivo, en la medida en que obliga a cualquier familia española de clase media a ingresar en Hacienda un porcentaje de sus rentas superior al de millonarios recién llegados como Ronaldo o Kaká.
Por último, admitamos que la amable fiscalidad española con los supermillonarios extranjeros no es lo único que explica el músculo financiero del Real Madrid. Su soltura para solicitar créditos exorbitantes con garantías bastante abstractas y, lo que es peor, la ligereza con que se le concede me llevan a pensar que han adoptado la filosofía del riesgo sistémico: somos tan grandes y tan influyentes que no nos dejarán caer por muy mal que nos vengan dadas.
Catedrático de Hacienda Pública
jsanchezm@uma.es
